Advertencia del Banco de España: la mitad de los inquilinos al borde de la pobreza

El panorama de la vivienda en España

El reciente informe del Banco de España es contundente: la mitad de los inquilinos en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social, a causa de los alquileres desorbitados y los bajos salarios. El mercado de la vivienda emerge como uno de los problemas estructurales más grandes de nuestro país, con el 40% de los hogares en alquiler dedicando más del 40% de sus ingresos disponibles a pagar a sus arrendadores.

El informe también destaca que el 50% de los hogares españoles que residen en viviendas de alquiler y que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social es «el porcentaje más elevado de la UE». En contraposición, solo el 21,2% del promedio europeo dedica más del 40% de su renta disponible a la vivienda, una realidad que impacta especialmente a las familias con menores ingresos.

La desigualdad en la propiedad de la vivienda

El informe sugiere que la disminución en el porcentaje de propietarios de vivienda desde 2014 ha contribuido a un aumento en la desigualdad de la riqueza en España. En 2017, España presentaba un nivel de desigualdad de la riqueza moderado a nivel internacional, principalmente debido a que la posesión de activos reales, especialmente la vivienda principal, era más generalizada que en otras economías europeas.

Sin embargo, la acusada reducción del porcentaje de hogares propietarios de vivienda que se ha observado en España desde 2014, en particular entre los jóvenes, habría contribuido a un aumento en la desigualdad de la riqueza en nuestro país durante los últimos años. El porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda principal ha pasado del 82,6% en 2011 al 73,9% de 2020. Y entre los menores de 35 años, del 69,3% al 36,1%.

La nueva Ley de Vivienda: ¿solución a la crisis?

El Banco de España aplaude la nueva Ley de Vivienda, que pone «un mayor énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler». Esta ley plantea un aumento del alquiler social a través de una mayor colaboración público-privada, un incremento progresivo del parque público de vivienda en alquiler y mayores incentivos fiscales a las personas que arrienden viviendas con reducciones de precios en áreas tensionadas.

No obstante, el informe también alerta de los posibles efectos indeseados a medio plazo de algunas de las medidas incluidas, como el control de rentas. Aunque los controles de precios pueden reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, también pueden generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler y segmentación en el mercado inmobiliario.