Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara como imputado por fraude fiscal en los juzgados de Madrid

Alberto González Amador tiene una cita el próximo lunes en los juzgados de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, declara como imputado para explicar cómo es posible que consiguiera ingresar varios millones de euros durante la pandemia, mientras su factura del Impuesto de Sociedades se mantenía tan baja como en años anteriores. El caso, desvelado por elDiario.es, revela un doble fraude fiscal de 350.951 euros, incluyendo un entramado de facturas falsas que González Amador ha reconocido a cambio de evitar la cárcel.

La doble vida de un técnico sanitario: fraude fiscal y comisiones durante la pandemia

González Amador fue presentado a la opinión pública como un técnico sanitario cuando trascendió que había comenzado a salir con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, se trata de un empresario del sector sanitario vinculado al grupo Quirón, que hizo fortuna durante la pandemia actuando como comisionista en la compraventa de mascarillas. González Amador ganó más de dos millones de euros en estas operaciones, mucho más de lo que su empresa Maxwell Cremona había facturado desde su creación.

Para evitar que su factura del Impuesto de Sociedades aumentara proporcionalmente, González Amador puso en marcha un sistema de facturas falsas que aumentaban ficticiamente los gastos de la empresa, reduciendo así la carga fiscal. La mayor parte del fraude se perpetró a través de dos facturas que sumaban más de un millón y medio de euros, correspondientes a trabajos ficticios en México y Costa de Marfil. El resto del fraude se realizó mediante facturas provenientes de un entramado de empresas sin trabajadores radicado en la localidad sevillana de Arahal.

Reconocimiento de los delitos y la búsqueda de un pacto para evitar la cárcel

En su declaración de 2020, González Amador pagó 155.000 euros menos en impuestos, y en la de 2021 se ahorró otros 195.951 euros. Tras una investigación exhaustiva de la Agencia Tributaria y una denuncia de la Fiscalía, el caso llegó a un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid. El Ministerio Público le atribuye dos delitos fiscales en concurso con otro de falsedad documental. También están imputadas las personas acusadas de ayudarle a defraudar al fisco.

González Amador ha reconocido por escrito, a través de su abogado, que cometió dos delitos fiscales y está dispuesto a pagar su deuda y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no tener que ingresar en prisión. Sin embargo, su declaración se solapa con una investigación judicial paralela en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte de la misma Fiscalía que le denunció.

La estrategia de defensa y las acusaciones en juego

La estrategia de defensa de González Amador comenzó cuando, en 2023, intentó saldar sus deudas pagando varios cientos de miles de euros de más al presentar la declaración fiscal de 2022. Hacienda rechazó esta estrategia, indicando que ya no estaba a tiempo de pagar para evitar la acusación. Este movimiento fue utilizado por Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, para argumentar que era Hacienda la que debía dinero a González Amador. Además, intentó anular las dos facturas más voluminosas de su fraude.

Según Hacienda y la Fiscalía, estos intentos no fueron más que un reconocimiento implícito de su doble fraude fiscal. González Amador admitió explícitamente sus delitos al dirigirse por escrito al Ministerio Público, ofreciendo un trato: cuatro meses de cárcel por cada delito, pagar su deuda con intereses, pero no ejecutar la condena ni ingresar en prisión.

Este lunes, González Amador comparecerá en el juzgado 19 de la Plaza de Castilla de Madrid. Está por ver si continuará con sus ofrecimientos y reconocerá los delitos, buscará defender su inocencia o pedirá la nulidad del proceso. Sus abogados alegan que un comunicado de la Fiscalía afectó su derecho de defensa.

Una causa judicial compleja y multifacética

La declaración de González Amador marca el inicio de una causa judicial en la que no solo está involucrada la Fiscalía. La Abogacía del Estado, representando a Hacienda, también está personada, junto con las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. Estas partes ya entendieron en la fase previa que González Amador había delinquido. La estrategia procesal de González Amador y su coincidencia con la del resto de imputados será clave en el desarrollo del caso.