Ayuso sentenciada por la venta de viviendas públicas

Dos sentencias obligan a la Comunidad de Madrid a ofrecer alquiler social a afectadas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enfrenta a un nuevo golpe judicial tras la venta de 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs en 2013, un acuerdo por el que la Comunidad de Madrid ingresó 200 millones de euros. Dos recientes sentencias han dado la razón a personas que fueron desahuciadas de esas viviendas, y el fallo establece que el ejecutivo regional debe ofrecerles un alquiler social, reconociendo su derecho a una nueva vivienda pública.

Justicia para las afectadas por el desalojo

Los fallos se centran en dos mujeres que perdieron sus hogares tras ser desahuciadas por Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar los inmuebles adquiridos por el fondo estadounidense. Las sentencias determinan que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de «responder a la necesidad habitacional que ella misma ha creado», haciendo referencia al impacto que tuvo la venta de estas viviendas protegidas en las familias vulnerables que residían en ellas.

El caso se remonta a una operación inmobiliaria llevada a cabo hace más de una década, en la que la administración regional, entonces bajo el liderazgo del Partido Popular, decidió vender miles de viviendas públicas a Goldman Sachs. Los inquilinos, muchos de ellos en situación precaria, fueron progresivamente desahuciados por no poder afrontar los alquileres tras el cambio de condiciones impuesto por la nueva entidad gestora.

Consecuencias para el Gobierno de Ayuso

Este nuevo revés judicial supone un duro golpe para el actual ejecutivo de Díaz Ayuso, que hereda una problemática originada durante el mandato de anteriores administraciones. La venta masiva de viviendas públicas ha sido ampliamente criticada, no solo por la pérdida de patrimonio público, sino también por el impacto social que ha tenido en cientos de familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares sin recibir alternativas habitacionales adecuadas.

En este contexto, las recientes sentencias judiciales establecen un precedente importante para otros afectados por esta venta, quienes podrían también reclamar un alquiler social o una solución habitacional digna. El fallo deja claro que la administración autonómica debe hacerse responsable de las consecuencias de sus políticas, asegurando el derecho a la vivienda de los ciudadanos más vulnerables.

La Comunidad de Madrid podría enfrentarse ahora a una avalancha de reclamaciones judiciales similares, lo que podría suponer un desafío importante para el gobierno regional y su política de vivienda pública.