Baleares negará asistencia sanitaria a los sin papeles

Las Medidas en Juego

El Gobierno balear del Partido Popular (PP) ha dado un paso que podría generar importantes implicaciones en el ámbito de la atención sanitaria. Se pretende suspender la atención médica gratuita a los migrantes sin papeles cuya tarjeta médica, denominada OTA (Tarjeta para usuarios sin recursos), caduque. Según la Conselleria balear de Salud, la normativa se apoya en el Real Decreto 576/2013, y la actualización exige a las personas afectadas pagar una cuota mensual que variará en función de la edad del titular.

Respuestas a la Medida: Reacciones y Consecuencias

Esta iniciativa no ha estado exenta de críticas. Funcionarios públicos y organizaciones civiles han expresado su preocupación, alegando que actualmente no se está prestando atención sanitaria a migrantes en situación irregular en Ibiza. Estas personas son referidas a un Convenio Especial que se ha creado para este propósito. Fuentes de la Conselleria argumentan que, a pesar de la reforma, el sistema «es garantista» y que nadie quedará sin atención.

El Contexto de Confusión

La situación es compleja y genera confusión entre los afectados y las autoridades. Según los portavoces de la Conselleria de Salud y del Área de Salud de Eivissa y Formentera, el Servicio Nacional de Salud considera suficiente el plazo para regularizar la situación de estos migrantes. Se subraya que la atención médica no se le niega a «nadie», pero se insiste en que aquellos con la OTA caducada deberán pagar.

El Impacto de la Normativa en la Población Migrante

Actualmente, más de 7.500 personas en Balears poseen este tipo de tarjeta sanitaria. El tema adquiere una dimensión adicional de complejidad cuando se tiene en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha influido en la renovación de estas tarjetas. En esta coyuntura, el gobierno debería considerar el impacto que tales medidas podrían tener en una población ya vulnerable.

Posturas Legislativas y Sociales

El Grupo Mixto en el Parlament ha presentado una Proposición no de Ley, instando al Govern a que la atención sanitaria continúe siendo gratuita para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación legal. Esta propuesta cita el artículo 4 Bis de la Ley 5/2023 de 4 de abril de Salud de Balears, que garantiza la asistencia sanitaria pública universal a todos los residentes en las Illes Balears.

Consideraciones Finales

La medida propuesta por el Gobierno balear del PP ha levantado una ola de reacciones variadas, dejando entrever las grietas existentes en el sistema sanitario y en el tratamiento de los migrantes en situación irregular. En un momento donde las políticas públicas deben ser inclusivas y garantistas, esta decisión podría marcar un retroceso en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de acceso a la salud.