Barcelona eliminará los pisos turísticos

Eliminación de pisos turísticos en 5 años

Este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado dos iniciativas trascendentales en materia de vivienda: la eliminación total de los pisos turísticos en un plazo de cinco años y la modificación de la normativa vigente que obliga a los promotores a destinar un 30% de las viviendas nuevas a vivienda social. Estas medidas, presentadas por el alcalde Jaume Collboni, buscan afrontar de manera estructural el problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

Collboni destacó que aunque estas políticas no tendrán resultados inmediatos, marcarán un punto de inflexión en el debate político y social sobre la vivienda en la ciudad. Hasta ahora, la regulación de los pisos turísticos había congelado su número en 9.600 desde 2014. El nuevo decreto de la Generalitat exige a los ayuntamientos catalanes definir cuántos pisos turísticos permitirán, y Barcelona ha decidido eliminar completamente estas licencias. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, subrayó que esta medida permitirá a la ciudad recuperar 10.000 pisos para uso residencial.

Los propietarios de licencias turísticas, representados por la patronal Apartur, han reaccionado con indignación, argumentando que los pisos turísticos solo representan el 0,77% del total de viviendas de la ciudad y que su eliminación no resolverá la crisis de vivienda. Además, advierten que la desaparición de estos alojamientos afectará al turismo familiar y al empleo de aproximadamente 5.000 personas.

Modificación del 30% de vivienda social

La normativa que exige destinar un 30% de las nuevas promociones inmobiliarias a vivienda social también será revisada. El objetivo de esta medida es integrar la vivienda social en todos los barrios, evitando su concentración en zonas periféricas. Sin embargo, hasta ahora, esta norma ha enfrentado críticas por parte del sector inmobiliario y ha tenido un impacto limitado en la creación de vivienda social.

La nueva propuesta permite agrupar las viviendas sociales en un solo edificio dentro del mismo barrio y exime a las rehabilitaciones, a menos que solo se conserve la fachada del edificio. Además, se contempla que un operador sin ánimo de lucro pueda encargarse de la construcción de estas viviendas protegidas.

Las modificaciones propuestas reflejan las recomendaciones de un grupo de expertos liderado por Carme Trilla y responden a las demandas del sector inmobiliario. La tramitación de estos cambios comenzará este año, implicando una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), que rige el urbanismo en la ciudad.

Reacciones políticas y sociales

Las reacciones a estas iniciativas no se han hecho esperar. Janet Sanz, exresponsable de urbanismo bajo el mandato de Ada Colau, ha calificado el anuncio como una «cortina de humo» para desviar la atención de otras crisis. Aunque celebra la eliminación de licencias turísticas, critica la demora de cinco años para su implementación y acusa al alcalde de ceder ante los grupos de presión en el tema del 30%.

Por su parte, Damià Calvet, concejal de Junts per Catalunya, aplaude la flexibilización del 30% pero advierte que presentarán alegaciones para facilitar aún más a los promotores. Asimismo, el grupo municipal de ERC, que estuvo cerca de gobernar con Collboni, ha expresado en redes sociales la necesidad de medidas más ambiciosas y urgentes en materia de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas, en un comunicado, cuestiona la efectividad práctica de estas medidas hasta dentro de varios años y recuerda que el PSC votó en contra del decreto del Govern que pretendía regular los alquileres de temporada, los cuales también inciden en la oferta de pisos turísticos.