Comienzan a destaparse subvenciones ilegales a los toros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara ilegal la subvención otorgada a la FTL en 2020

La Fundación Toro de Lidia (FTL) se enfrenta a la obligación de devolver una cantidad cercana a los 350.000 euros a la Junta de Castilla y León. Según el medio especializado Cultoro, el motivo de esta decisión sería la recepción de una subvención ilegal por parte de la FTL en el año 2020.

Condena por subvención ilegal para el Circuito de Novilladas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) habría condenado a la FTL por dicha subvención, que se destinó a la celebración del Circuito de Novilladas. Este evento tenía como objetivo promocionar las novilladas con picadores en la comunidad autónoma, pero generó controversias desde su inicio, tanto en la puesta en marcha como en la actuación en los festejos y los trámites a seguir para la adjudicación de los puestos.

Demandantes y perjudicados en el caso

La demanda fue presentada por la Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores, quienes alegaron que la subvención otorgada impedía el acceso a fondos públicos a la mayoría de empresarios del sector taurino. La sentencia señala que la subvención benefició exclusivamente a dos empresarios afines a la Fundación Toro de Lidia.

Además de la FTL, otras dos personalidades han resultado perjudicadas por esta sentencia. Se trata del entonces consejero de Turismo de la Junta y el presidente de la FTL y ganadero, Victorino Martín. Según Cultoro, ambos enfrentan una querella criminal interpuesta en su contra.

Implicaciones y consecuencias de la sentencia

La condena al pago de 350.000 euros es un revés significativo para la Fundación Toro de Lidia, que deberá afrontar las consecuencias económicas y de imagen que conlleva esta decisión judicial. La polémica en torno a la subvención y el Circuito de Novilladas pone de manifiesto la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión de fondos públicos destinados a actividades culturales y deportivas.

La sentencia también pone en evidencia la importancia de garantizar un acceso igualitario a los recursos públicos por parte de los profesionales y empresarios del sector taurino, evitando favorecer a determinados grupos o individuos en detrimento de otros.