Delitos a todo ritmo: La jueza imputa de nuevo al novio de Ayuso y lo cita a declarar en abril

Se le investiga por corrupción en los negocios y administración desleal en una trama vinculada a Quirón Prevención

El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, bajo la dirección de Inmaculada Iglesias, ha imputado formalmente a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Estos se suman a las acusaciones previas por fraude a Hacienda y falsedad documental.

La jueza ha citado a González Amador para declarar como investigado el próximo 10 de abril a las 10:00 horas, en el marco de la pieza separada abierta en octubre. Esta nueva línea de investigación apunta al presunto uso de una empresa pantalla para ocultar pagos provenientes del Grupo Quirón, entidad para la que trabajó durante años en labores de asesoría sanitaria.

Una trama financiera bajo lupa

La apertura de esta pieza separada fue ratificada el pasado 3 de marzo por la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló la decisión de la magistrada de ampliar la investigación. A pesar de haber sido citado hasta seis veces, González Amador solo compareció en una ocasión, en febrero, aunque entonces optó por no declarar hasta que la Audiencia resolviera su recurso.

El epicentro del caso radica en la sociedad Masterman S.L., señalada por la Agencia Tributaria como una empresa ficticia utilizada por Maxwell Cremona S.L., firma en la que González Amador figura como administrador único. Según los informes, la presunta operativa fraudulenta consistía en simular operaciones comerciales para desviar fondos, en concreto, casi 500.000 euros vinculados a Quirón Prevención S.L., donde su empresa era contratista.

Sospechas de sobornos y contratos fraudulentos

Las acusaciones populares han alertado sobre la posible existencia de un delito de administración desleal o incluso corrupción en los negocios, basándose en el pago de 500.000 euros por la compra de participaciones de Masterman S.L., que en aquel momento pertenecían a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Ahora, la jueza Iglesias investiga si dicho dinero pudo haber sido una contraprestación por la adjudicación de contratos a Maxwell y Masterman por parte de Quirón Prevención, o si estuvo vinculado a la intermediación de Maxwell en la compra de productos sanitarios por parte de MAPE Asesores a las empresas FCS e Inteconn. Estas operaciones dejaron en las cuentas de Maxwell Cremona una facturación de más de dos millones de euros en 2020.

Las próximas semanas serán clave para determinar hasta dónde llega la trama y qué consecuencias tendrá para el empresario.