Dos consejeros de Madrid denuncian que Ayuso les ordenó aplicar un «protocolo de la muerte» en residencias

En un giro impactante en la crisis de las residencias de Madrid, dos consejeros responsables de los protocolos en estos centros han afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les pasó una circular en la que se les ordenaba aplicar un «protocolo de la muerte». Uno de ellos dimitió en desacuerdo con la medida, mientras que su sucesor la aplicó. Ambos han presentado sus declaraciones ante el juez, lo que ha generado una gran expectación sobre el futuro de este caso.

Dimisión y aplicación del polémico protocolo

El primer consejero, quien prefirió mantener su nombre en reserva, decidió dimitir tras recibir la circular con la orden de aplicar un protocolo que consideró inhumano e irresponsable. Según su testimonio, la medida implicaba un abandono total de los ancianos más vulnerables y una falta de compromiso con la protección de sus vidas.

Tras su dimisión, el segundo consejero, que también ha preferido mantener el anonimato, asumió el cargo y, a pesar de las reservas morales, aplicó el protocolo. Según él, la presión política y la situación de emergencia sanitaria lo llevaron a tomar una decisión que ahora lamenta profundamente.

La investigación judicial y el futuro del caso

Las declaraciones de ambos consejeros han generado un gran revuelo en la opinión pública y han provocado un vuelco en la investigación judicial. El juez encargado del caso deberá determinar si las acusaciones tienen fundamento y si procede tomar medidas legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La opinión pública se encuentra dividida sobre el posible desenlace de este caso. Algunos consideran que la gravedad de las acusaciones y las evidencias presentadas por los consejeros podrían llevar a un juicio y a posibles consecuencias penales para Ayuso. Otros, en cambio, temen que el caso pueda ser archivado debido a la complejidad del contexto en el que se produjeron los hechos y a la dificultad para demostrar la responsabilidad directa de la presidenta en la aplicación del polémico protocolo.

Reacciones políticas y sociales

El caso ha generado una ola de reacciones políticas y sociales. La oposición ha exigido explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades por parte de la presidenta y su equipo de gobierno. Por su parte, Ayuso ha negado categóricamente las acusaciones y ha asegurado que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos.

Mientras tanto, las asociaciones de familiares de las víctimas y los propios trabajadores de las residencias han expresado su indignación y han pedido justicia para los ancianos afectados por el supuesto «protocolo de la muerte».