El Arzobispado decide hoy el destino de las monjas excomulgadas del monasterio

Servicios jurídicos analizan las consecuencias legales de la excomunión de diez religiosas clarisas y su inminente salida del monasterio de Belorado

Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos se reúnen este lunes para estudiar las consecuencias legales de la excomunión de diez religiosas clarisas del monasterio de Belorado. Estas monjas han sido expulsadas de la vida consagrada y deberán abandonar las instalaciones religiosas debido a su decisión libre, personal y voluntaria de abandonar la Iglesia católica.

Consecuencias legales y salida del monasterio

Fuentes del Arzobispado han confirmado que en la reunión, que se celebrará a primera hora, se abordarán los pasos a dar después de que el sábado el arzobispo, Mario Iceta, comunicara los decretos de declaración de excomunión y de dimisión ipso facto de la vida consagrada de las diez exmonjas.

Entre los asuntos a dirimir se encuentra la salida de las exreligiosas del monasterio de Belorado. Este monasterio seguirá albergando a la comunidad de religiosas clarisas, pero sin las diez excomulgadas. La comunidad estará conformada por las cinco mayores que están fuera del cisma y otras tres que no se encuentran en el convento pero que están adscritas al mismo.

Una de las afectadas es sor Amparo, quien se trasladó a Vitoria pocos días después del anuncio del cisma el 13 de mayo. En ese momento, se publicó el Manifiesto Católico y una carta pública, coincidiendo con la entrada del falso obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2009 y fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, y del también falso cura José Ceacero.

Contencioso judicial y posibles negociaciones

La salida del monasterio probablemente se convertirá en un contencioso judicial salvo que las diez exclarisas decidan abandonarlo voluntariamente, algo poco probable ya que han insistido, a través de su portavoz Ceacero, en que son propietarias al 100 % del patrimonio adscrito a la entidad jurídica de la comunidad de religiosas de Belorado.

Además, tres de las religiosas, entre ellas la exabadesa, denunciaron en mayo por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho fundamental de libre asociación al arzobispo tras ser nombrado comisario pontificio, con plenos poderes sobre la comunidad religiosa de Belorado, tanto en el ámbito religioso como en el administrativo y patrimonial.

Los servicios jurídicos también estudiarán la documentación remitida por los abogados de las exreligiosas, que el viernes enviaron un burofax a Iceta comunicando que las monjas habían nombrado una comisión para negociar con el Arzobispado.

Esta comisión está conformada por el bufete de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez. Se ha constituido para buscar una «solución pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados por el Arzobispado», según los abogados.

En una convocatoria ante los medios el viernes a mediodía, sus representantes aseguraron que las monjas «se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos» después de que Iceta, como comisario pontificio, haya intervenido las cuentas. A estas cuentas, las monjas no tienen acceso directo pero sí a través de la Federación de Clarisas, a la que pueden pedir aquello que necesiten.

Precisamente, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu se está preparando ya para enviar a un grupo de monjas a Belorado para atender a las cinco hermanas mayores una vez las excomulgadas abandonen el convento. La federación cuenta con varias voluntarias, según fuentes del Arzobispado, que esperan que este traslado se realice en el menor tiempo posible.