23 de diciembre de 2024 | 10:49

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El desafío de la eutanasia en Euskadi: Entre el derecho a morir y la burocracia institucional

La asociación Derecho a Morir Dignamente señala que en el País Vasco se aprueba menos de un tercio de las peticiones de eutanasia.

Jeickson Sulbaran

2 de noviembre de 2023 | 10:15 pm

La Eutanasia en la Práctica: Una Promesa Incumplida

La Comunidad Autónoma del País Vasco enfrenta hoy una realidad contundente. La aplicación de la Ley de Eutanasia (LORE) se percibe como un laberinto burocrático que contrasta con el propósito de garantizar el derecho a una muerte digna. A pesar de que la normativa establece claramente el derecho de los individuos a decidir sobre su propio final, los hechos muestran que la práctica dista mucho de ser un proceso accesible y ágil.

Procedimientos Dilatados y Falta de Claridad

Según datos recientes, solo un 31% de las solicitudes de eutanasia son aprobadas en el País Vasco, revelando una brecha significativa entre las expectativas de los solicitantes y la respuesta institucional. La demora en la tramitación genera una angustia innecesaria para los afectados y sus familias. Se evidencia, así, una paradoja dolorosa: en la búsqueda de la paz final, se encuentran con una espera angustiosa y, a menudo, larga.

Formación Deficiente y Desinformación: Obstáculos en la Atención Sanitaria

La capacitación de los profesionales de la salud se presenta como uno de los aspectos críticos en la gestión de la eutanasia. La falta de formación adecuada impide que las solicitudes sean atendidas con la comprensión y la rapidez que el proceso requiere. Esto se suma a la escasa información proporcionada a la ciudadanía sobre sus derechos y el procedimiento para ejercerlos, lo que genera confusión y desasosiego en momentos donde la claridad y el soporte son más necesarios que nunca.

La Ley Vasca de Muerte Digna: Un Marco Insuficiente

La Ley 11/2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, aprobada en Euskadi, prometía un marco robusto de protección y garantía. No obstante, las deficiencias en su aplicación evidencian que las promesas legislativas no se traducen en una práctica efectiva y respetuosa. El derecho a morir con dignidad, lejos de ser una realidad plena, parece convertirse en un proceso lleno de obstáculos.

La Realidad: Entre la Autonomía Personal y el Control Institucional

La autonomía del individuo, pilar fundamental de la Ley de Eutanasia, choca con un sistema que parece más interesado en el control que en el respeto de la voluntad personal. La LORE, aunque significó un avance, se enfrenta a críticas por su excesiva regulación y su naturaleza controladora. Los ciudadanos demandan una aplicación que no limite su decisión, una vez obtenida la aprobación requerida.

Desatención Institucional: La Muerte Digna No es Prioridad

La falta de acción y compromiso por parte de las instituciones refleja una alarmante desatención. La muerte digna, un tema de suma importancia ética y personal, no parece figurar entre las prioridades de la agenda política actual. Los mecanismos para garantizar y difundir la ley no se implementan con la debida diligencia, y la creación de organismos de supervisión, como el Observatorio de la Muerte Digna, aún no se concreta en Euskadi.

Conclusiones y Camino a Seguir

Ante este panorama, la sociedad vasca y las asociaciones implicadas reclaman un cambio inmediato y sustancial en la gestión de la eutanasia. Es imperativo revisar los procedimientos, mejorar la formación de los profesionales y, sobre todo, alinear las prácticas con el espíritu de la ley: respetar la autonomía y la dignidad de los individuos hasta el final de sus días. La administración debe adoptar un enfoque más humano y menos burocrático, que coloque al individuo y su bienestar en el centro de la acción sanitaria y legislativa.

El País Vasco se encuentra en una encrucijada. La ley existe, pero su aplicación efectiva está aún por realizarse. Los derechos al final de la vida no pueden quedarse en el papel; deben vivirse en cada gesto, en cada procedimiento, y en cada decisión que se tome desde las instituciones hasta la cabecera del paciente. La muerte digna es un derecho, no un privilegio, y como tal, debe ser accesible para todos los ciudadanos sin excepción.

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