El Gobierno extiende la suspensión de desahucios hipotecarios para familias vulnerables

El Gobierno ha decidido prorrogar la suspensión de los desahucios hipotecarios que afectan a familias en situación de vulnerabilidad. El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida, que según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), podría beneficiar a hasta 30.000 hogares. Este real decreto ley extiende la vigencia de la ley 1/2013, que fue adoptada en plena crisis económica para reforzar la protección de las familias hipotecadas y ya había sido prolongada como respuesta a la pandemia de Covid-19.

Medida para proporcionar tranquilidad y seguridad a las familias

Fuentes del Ministerio de Vivienda han asegurado a ElPlural.com que la implementación de esta medida busca dar «tranquilidad y seguridad a las familias españolas». Aunque está destinada a un colectivo vulnerable específico, se argumenta que su impacto económico general es positivo. La lucha contra la exclusión social genera externalidades positivas para el conjunto de la sociedad al favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social, factores fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico.

La norma, que iba a expirar el 15 de mayo, se ha prorrogado gracias a un pacto entre el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, y tres fuerzas parlamentarias de izquierdas: Podemos, EH Bildu y Sumar. Los morados, pese a contar con solo cuatro diputados en el Congreso, han sido vitales para constituir mayorías y presionaron para materializar el compromiso con el PSOE.

¿Qué familias están protegidas?

La ley establece que «no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas». Las familias que se consideran vulnerables y pueden acogerse a este articulado incluyen:

• Familias numerosas.
• Unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo.
• Unidades familiares con menores de edad.
• Unidades familiares en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad igual o superior al 33%, dependencia o enfermedad que incapacite para trabajar.
• Unidades familiares con el deudor hipotecario en situación de desempleo.
• Unidades familiares que convivan con personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite para trabajar.
• Unidades familiares con víctimas de violencia de género.
• Deudores mayores de 60 años.

Requisitos económicos para acceder a la protección

Además de cumplir alguno de los supuestos anteriores, las familias deben cumplir ciertos requisitos económicos:

• Los ingresos de la unidad familiar no deben superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de catorce pagas (8.400 euros anuales, es decir, menos de 25.200 euros).
• El límite se sitúa en 33.600 euros para casos de discapacidad del 33%, dependencia o enfermedad incapacitante.
• El límite es de 42.000 euros si el ejecutado tiene parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado del 33% o más, o discapacidad física o sensorial con un grado del 65% o más.
• Estos límites se incrementan por cada hijo a cargo: 0,15 veces el IPREM para monoparentales o 0,10 veces para el resto de familias.

Condicionantes adicionales

Además de los requisitos de ingresos, deben cumplirse otros condicionantes:

• Que en los cuatro años anteriores a la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas (el esfuerzo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5).
• Que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.
• Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad del deudor, concedido para la adquisición de esta.

Con esta prórroga, el Gobierno busca proporcionar un respiro a las familias más vulnerables y contribuir a la estabilidad y cohesión social en el país.