El juez cita al amigo de Juan Carlos I el mexicano Allen Sanginés-Krause por un presunto fraude a Hacienda

Investigación por fraude

El juez de Barcelona Santiago García García ha citado a declarar como imputado para el próximo 7 de noviembre a Allen Sanginés-Krause, amigo mexicano del rey emérito Juan Carlos I, en el marco de una investigación por un presunto fraude a Hacienda que asciende a 600.000 euros. El fraude estaría vinculado con Manuel Sánchez Sánchez, médico de Juan Carlos I, y su esposa. La investigación se centra en la Clínica DeSánchez, ubicada en Barcelona, y la supuesta simulación de una ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro.

El juzgado solicitó anteriormente la colaboración de las autoridades del Reino Unido para poder interrogar a Sanginés-Krause. Sin embargo, no ha sido necesaria la comisión rogatoria, ya que el empresario se ha presentado con abogado y procurador en la causa para poder declarar.

Conexión con Juan Carlos I

El nombre de Sanginés-Krause saltó a los medios cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo investigó los gastos realizados por la familia del rey emérito mediante tarjetas vinculadas a Nicolás Murga, ayudante de Juan Carlos I, financiadas por el empresario mexicano. La fiscalía archivó el caso al considerar que se trataba de donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones, lo que provocó la primera regularización fiscal del emérito por un importe de 678.393 euros.

Presunta estrategia de fraude

En este nuevo caso en Barcelona, la investigación no se centra en las donaciones, sino en las presuntas facturas emitidas por la clínica de Manuel Sánchez a Sanginés-Krause por servicios prestados al rey emérito. La fiscalía acusa al médico de utilizar una «estrategia defraudatoria» con la colaboración de su esposa y del empresario mexicano, con el fin de «camuflar» retribuciones de 1,3 millones de euros mediante ampliaciones de capital entre 2016 y 2018, que habrían sido simuladas.

La fiscalía señala que las ampliaciones de capital fueron irregulares por la «falta de justificación», la desproporcionalidad de las primas de emisión y la carencia de control sobre los fondos aportados por Sanginés-Krause, quien aportó 99,77% de los fondos, pero tenía un papel minoritario en la sociedad.