El juez Peinado investiga a Begoña Gómez y critica al Fiscal

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación bajo secreto de sumario sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha redactado un escrito en el que critica duramente al fiscal del caso. Según informa la agencia EFE, el juez ha solicitado a los funcionarios del juzgado que documenten «las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal». La Fiscalía, por su parte, se queja de que la única forma de estar al tanto de los avances en la investigación ha sido acudir presencialmente al juzgado, debido a que se enteraban de los detalles a través de la prensa.

Contexto de la Investigación

El 16 de abril, el magistrado Peinado anunció, mediante un comunicado de prensa, la apertura de diligencias secretas relacionadas con los negocios de Begoña Gómez, tras admitir a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias. Desde entonces, el juez ha realizado varias diligencias, algunas de las cuales no ha comunicado públicamente, como la solicitud de un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Otras diligencias, como la citación de seis testigos, sí han sido hechas públicas a través de comunicados.

Fuentes de la Fiscalía lamentan que el fiscal del caso haya tenido que desplazarse personalmente al juzgado para comprobar la veracidad y existencia de estas diligencias, después de conocerlas a través de la prensa. Las noticias se elaboraban a partir de los comunicados del propio juzgado.

Respuesta del Magistrado

Este viernes, el magistrado Peinado ha emitido una providencia en la que solicita al Letrado de la Administración de Justicia que registre «las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal». Además, se queja de que la Fiscalía haya recurrido directamente la apertura del caso a la Audiencia de Madrid sin pasar por él.

El juez explica que ha ordenado esta vigilancia «ante lo inhabitual de la actitud procesal de la Fiscalía», denunciando «la insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse».

Petición de Documentación Adicional

En la misma providencia, el magistrado ha solicitado a la Policía Nacional que, «visto el estado de las presentes actuaciones», se le informe cuanto antes del DNI de Begoña Gómez, con «una copia autenticada y de tamaño legible y visible». Aunque la denuncia de Manos Limpias se dirige contra ella, por el momento ningún auto del juez le ha conferido la condición de imputada ni ha sido llamada a declarar.

Este desarrollo subraya la tensión entre el juez y la Fiscalía en torno a la gestión de esta investigación, que ha captado la atención mediática y pública debido a la relevancia de los implicados.

Reacciones y Consecuencias

La situación ha generado una respuesta significativa por parte de los actores involucrados. La Fiscalía ha expresado su frustración por la falta de comunicación y transparencia en el proceso, lo que ha obligado al fiscal a realizar visitas presenciales al juzgado. Por otro lado, el juez Peinado ha criticado esta insistencia, sugiriendo que podría ser un intento de interferencia en su independencia judicial.

El resultado de esta investigación podría tener implicaciones importantes para el Gobierno y la percepción pública de la administración de justicia en España. Mientras tanto, la atención sigue centrada en los próximos pasos del juez y las posibles respuestas de la Fiscalía.

La investigación sobre los negocios de Begoña Gómez y las reacciones tanto del juez como de la Fiscalía son un reflejo de las complejidades y tensiones inherentes a casos de alto perfil que involucran a figuras prominentes. A medida que el proceso avanza, será crucial observar cómo se manejan estas dinámicas y qué impactos tendrán en la confianza pública en el sistema judicial.

Este caso destaca la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva entre las distintas ramas del sistema judicial para garantizar que la justicia se administre de manera justa y equitativa, sin interferencias indebidas ni percepciones de parcialidad.