El novio de Ayuso imputado

Alberto González, pareja de Ayuso, será interrogado el 29 de noviembre por la jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha emitido una providencia mediante la cual cita a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar como imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental. La comparecencia está programada para el próximo 29 de noviembre a las 10 de la mañana.

Investigación ampliada: testigos y supuestos testaferros

Además de González, la jueza ha citado a cuatro supuestos testaferros que, presuntamente, habrían fabricado facturas falsas para reducir los beneficios empresariales y defraudar a Hacienda. Estos implicados son Eduardo Niederer y los españoles Agustín Carrillo, David Herrera y José Miguel Carrillo, quienes habrían ayudado a defraudar unos 350.000 euros en dos años fiscales.

Posible acuerdo de conformidad con la Fiscalía

Fuentes judiciales señalan que González está negociando un acuerdo con la Fiscalía, en el que se comprometería a pagar 525.000 euros y aceptar ocho meses de cárcel. Este acuerdo permitiría a González evitar el cumplimiento efectivo de la pena, lo que le eximiría de ingresar en prisión.

Investigación por posible corrupción y administración desleal

La jueza Iglesias ha decidido abrir una pieza separada en el caso para investigar si González pudo haber incurrido en delitos de corrupción en los negocios o administración desleal. La sospecha apunta a que habría utilizado su empresa Masterman SL para esconder ingresos procedentes del grupo Quirón y para evitar las obligaciones fiscales. La Inspección Tributaria calificó sus prácticas como «inequívocamente defraudatorias», además de «artificiosas» e «ilícitas», tras detectar irregularidades en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2022.

Más Madrid y PSOE solicitan ampliar la investigación

La ampliación de la investigación sobre González fue solicitada por Más Madrid y el PSOE, que pidieron a la jueza examinar los posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en este caso. La magistrada accedió a esta solicitud y ha abierto una nueva línea de investigación para esclarecer estos hechos adicionales.