El PNV arrinconado por el PP y Junts

Suspensión del impuesto eléctrico: un acuerdo que sacude la política española

En un giro inesperado, el Partido Popular (PP) y Junts han alcanzado un acuerdo para la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, actualmente fijado en un 7%. Este pacto, respaldado también por Vox, ERC y el PNV, ha generado sorpresa en el panorama político y ha puesto en alerta al Gobierno de Pedro Sánchez, que intentó bloquear su tramitación en el Congreso.

La medida propone reducir el impuesto al 0% siempre que no exista déficit de tarifa, lo que representaría un ahorro total de 1.100 millones de euros. Según los cálculos del PP, las familias ahorrarían 400 millones, las pymes 500 millones y las grandes industrias 200 millones. Aunque el impacto individual para los hogares sería modesto (1,64 euros mensuales), el beneficio colectivo resulta significativo, especialmente para los sectores productivos.

El pacto incluye además medidas dirigidas a la industria de cogeneración, alineadas con el plan estratégico de Alberto Núñez Feijóo, reforzando la apuesta del PP por la competitividad empresarial y las rebajas fiscales.

¿Una coincidencia o el inicio de una alianza estratégica?

Desde el PP, han descrito el pacto como una “coincidencia programática”, descartando que sea una estrategia formal de alianza con Junts. Sin embargo, este acuerdo evoca inevitablemente al histórico Pacto del Majestic de 1996, entre el PP de José María Aznar y CiU, que marcó un hito en la descentralización y la financiación autonómica.

Aunque el procés y la reciente ley de amnistía habían tensado las relaciones entre ambas formaciones, la sintonía en materia económica parece haber facilitado este acercamiento. Para el PP, este acuerdo no solo refuerza su perfil negociador, sino que abre la puerta a posibles colaboraciones futuras que podrían alterar el equilibrio político.

La respuesta del Gobierno: frenar y ganar tiempo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado preocupación ante la aprobación de este pacto, argumentando que supondría una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros para las arcas públicas. En respuesta, PSOE y Sumar decidieron aplazar sin fecha la Comisión de Transición Ecológica para tratar de reconducir la situación y buscar apoyos para reinstaurar el texto inicial de la ley.

Desde el PP, sin embargo, ven en este acuerdo una oportunidad de consolidar una colaboración más amplia con Junts, un partido que desempeña un papel clave en el Congreso debido a su capacidad para formar o romper mayorías parlamentarias.

Un panorama político en evolución

Este pacto llega en un momento de fragilidad para el Gobierno, cuya dependencia de los socios parlamentarios es cada vez más evidente. La amenaza de una cuestión de confianza, insinuada por Carles Puigdemont, refuerza la idea de que el Ejecutivo enfrenta una presión constante en su gestión de mayorías.

En paralelo, el PP continuará impulsando enmiendas relacionadas con rebajas fiscales y ayudas a jóvenes y afectados por la DANA, confiando en mantener el respaldo de Junts en próximas votaciones. El pleno del 18 de diciembre será una cita clave para evaluar si este acercamiento se traduce en una colaboración más estable.

Mientras algunos interpretan este pacto como un simple acuerdo técnico para avanzar en materia económica, otros lo ven como un posible reposicionamiento estratégico que podría reconfigurar alianzas y pactos en el futuro político de España.