El PP gallego compra a mariscadores por €550

En el umbral de las elecciones de la Xunta de Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, del Partido Popular, ha desplegado una estrategia que levanta suspicacias. A tan solo tres días de la cita electoral, los mariscadores gallegos han recibido una inyección económica de 550 euros por parte del Gobierno regional (PP). Esta maniobra ha generado un torbellino de opiniones, entre quienes ven un gesto de apoyo necesario y aquellos que lo interpretan como un movimiento táctico de corte electoral.

El pago, efectuado por la Consellería do Mar, se enmarca en un programa de subvenciones que supera los cuatro millones de euros, dirigido a aliviar las tensiones del sector marítimo, golpeado por la reciente crisis de los pellets. Pero, ¿es una coincidencia que este desembolso se realice justo antes de las elecciones? La proximidad temporal con el proceso electoral no pasa desapercibida y plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de esta ayuda económica.

Un sector en crisis y una ayuda que llega en momento electoral

Los mariscadores, que han recibido esta ayuda, solo necesitaban poseer un permiso de explotación en vigor para ser elegibles. La lista de beneficiarios, preparada por la Xunta, incluye a cerca de 7.723 trabajadores. Este sector ha sido uno de los más golpeados en Galicia, enfrentando desafíos como el cambio climático, la alteración de ecosistemas y la disminución de la salinidad en las rías. La llegada de los pellets a las costas gallegas ha sido la gota que colmó el vaso, agravando una situación ya de por sí delicada.

La distribución de estas ayudas, si bien necesaria, ha sido cuestionada por el momento elegido para su ejecución. La sorpresa entre los trabajadores al recibir el pago justo antes de las elecciones refleja el escepticismo y las dudas sobre la motivación política que puede subyacer a esta decisión.

Estrategias similares en otros sectores y el debate político

No es la primera vez que el Gobierno de Rueda se ve envuelto en situaciones similares. Antes del inicio de la campaña electoral, los pescadores también fueron destinatarios de ayudas económicas por parte de la Xunta. Con un acuerdo de 15 millones de euros, se desplegaron «ayudas extraordinarias directas a corto plazo» para más de 7.000 profesionales del sector. La coincidencia de estos pagos con el periodo electoral ha generado malestar y acusaciones de intentar «comprar el silencio» de los trabajadores afectados por la crisis de los pellets.

Además, este patrón de acción se ha extendido a otras áreas, como el incremento de las pensiones no contributivas, beneficiando a 37.000 personas. Esta decisión contrasta con la postura del PP a nivel nacional, donde se negaron a apoyar la revalorización de las pensiones acorde con el IPC.

Estos movimientos, realizados en la antesala de las elecciones, abren el debate sobre la ética política y la utilización de recursos públicos en contextos electorales. ¿Son estas ayudas un gesto de apoyo genuino a sectores necesitados o una táctica para inclinar la balanza electoral a favor del partido en el poder? Este cuestionamiento resuena en la sociedad gallega y en el panorama político nacional, poniendo en el centro de la discusión la transparencia y la legitimidad de las acciones gubernamentales en periodos electorales.