El Rey Emérito bajo investigación: ilustres denuncian irregularidades en su regularización fiscal

Un grupo de intelectuales y juristas busca que el Supremo investigue las finanzas de Juan Carlos I

Un grupo de juristas, periodistas y filósofos ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos fiscales agravados. Liderados por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, y el abogado especializado en memoria histórica, Eduardo Ranz, los querellantes sostienen que las regularizaciones fiscales realizadas en 2020 y 2021 no fueron válidas, ya que habrían sido notificadas previamente por la Fiscalía.

La base de la querella: aviso previo y validez de las regularizaciones

El núcleo del caso radica en que la Fiscalía notificó al abogado de Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación antes de que se efectuaran las regularizaciones fiscales. Según el artículo 305.4 del Código Penal, si un contribuyente regulariza sus deudas tributarias tras ser informado de una investigación fiscal o judicial, estas acciones no pueden considerarse «espontáneas» y, por lo tanto, no exoneran de responsabilidad penal.

En este sentido, los querellantes afirman que los cinco millones de euros abonados por el rey emérito en concepto de regularizaciones carecen de validez para evitar posibles delitos fiscales. Arnaldo Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, reconoció en su momento que existían indicios de delitos como cohecho y blanqueo de capitales, pero archivó la investigación basándose en la inviolabilidad del monarca antes de 2014, la prescripción de algunos delitos y la aceptación de las regularizaciones.

Los delitos fiscales y las acusaciones

La querella detalla irregularidades en las declaraciones fiscales del periodo 2014-2018, incluyendo grandes cantidades de dinero no declaradas provenientes de donaciones opacas, comisiones y cuentas en paraísos fiscales. Los querellantes argumentan que estos delitos no estarían prescritos y destacan que en algunos ejercicios la cuota defraudada supera los 600.000 euros, lo que agrava la acusación según el artículo 305 bis del Código Penal.

Asimismo, señalan que Juan Carlos I utilizó fundaciones y testaferros, como la Fundación Zagatka y un empresario mexicano, para ocultar ingresos y sufragar gastos personales, incluyendo viajes y tarjetas de crédito vinculadas a cuentas opacas.

Objetivo de la querella y respuesta de la Fiscalía

El colectivo de querellantes, compuesto por figuras como el filósofo Santiago Alba Rico y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, sostiene que su intención no es pedir prisión para el rey emérito debido a su edad, sino que se le imponga la multa máxima posible.

Por su parte, la Fiscalía había defendido que las regularizaciones eran válidas porque las notificaciones previas no contenían detalles exhaustivos sobre los hechos imputados. Sin embargo, los querellantes consideran este argumento «incongruente», ya que en cualquier investigación inicial es imposible tener un conocimiento completo de los hechos.

Camino judicial incierto

La querella, que también busca citar a Juan Carlos I en su residencia actual en Abu Dabi, pone nuevamente el foco en las finanzas del rey emérito. Además, coincide con el análisis pendiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la presunta falta de tutela judicial efectiva en casos similares.

El resultado de este proceso podría marcar un precedente importante en la relación entre la justicia y la monarquía en España, destacando la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos sean tratados iguales ante la ley.