Energéticas acusadas de cobrar de más €12.000 millones a consumidores

En los últimos dos años, las familias y empresas en España han enfrentado una realidad económica desafiante, marcada por un sobrecoste significativo en sus recibos de luz y gas. Las cifras son contundentes: 12.000 millones de euros más de lo debido. Este exceso, resultado de cargos regulados por encima de lo necesario para el funcionamiento del sistema eléctrico y gasístico, ha puesto en evidencia una desproporción que ahora obliga al Gobierno a buscar soluciones.

Lo que salta a la vista es el impacto directo de estas prácticas en el bolsillo de los consumidores. La parte fija del recibo, donde se incluyen estos cargos, ha sido el foco de estas subidas, afectadas además por el Impuesto Especial y el IVA. Aunque han existido medidas para paliar estos efectos, como la reducción del IVA, la realidad es que el golpe financiero es considerable.

Detrás de los números: desviaciones y superávits en el sector energético

Las liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan una imagen que merece atención. Entre enero y octubre del año pasado, la desviación transitoria entre ingresos y costes en el sector eléctrico fue de +3.435,3 millones de euros. Estos números, junto a un superávit de 6.190 millones en 2022, elevan el total a 9.625 millones de euros en dos años. Un superávit que, si se le suma el IVA reducido aplicado, podría haber sido aún mayor.

En el caso del gas, las cifras son igualmente llamativas. Las compañías del gas acumularon un superávit de 2.671 millones de euros en los primeros nueve meses del año pasado. Esto, sumado al excedente del año anterior, resulta en una cifra total de 2.682 millones de euros. Aquí también, los cambios en el IVA han modificado el impacto final, pero el sobrecoste sigue siendo evidente.

La respuesta del Gobierno ante el desafío energético

Ante esta situación, el Gobierno no ha permanecido inactivo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha comenzado a tomar medidas, aunque estas no han estado exentas de cierta ambigüedad. La prolongación de las medidas de alivio por la inflación y la decisión de destinar el superávit de ingresos a bajar la tarifa son pasos hacia una solución. Sin embargo, la complejidad del tema y la necesidad de equilibrar los intereses de los consumidores y el sector energético presentan un desafío constante.

El decreto reciente establece que una parte del superávit de 2023 se destinará a mantener los cargos a pagar por los consumidores en 2024 en los mismos niveles del año pasado. Además, se espera que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas destinadas a mitigar posibles déficits del sistema eléctrico.

Estos pasos del Gobierno son cruciales, pero también es evidente que el camino hacia un equilibrio justo y sostenible en la factura energética de hogares y empresas es complejo y requiere de un monitoreo y ajustes constantes. La ciudadanía, mientras tanto, sigue esperando soluciones que alivien su carga financiera sin comprometer la calidad y sostenibilidad del suministro energético.

Los hogares y empresas en España se encuentran ante un panorama energético que requiere una atención urgente por los sobrecostes de los últimos años no son solo cifras en un papel en recibos de luz y gas; son realidades que afectan a diario a millones de personas. La respuesta del Gobierno y las entidades reguladoras será determinante en la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la justicia social en el sector energético.