Futuro Vegetal no es una organización terrorista

La Fiscalía General del Estado ha rectificado públicamente su informe anual de 2022 en el que, de manera equívoca, ubicó a los colectivos ecologistas Extinction Rebellion y Futuro Vegetal bajo el rótulo de «Terrorismo nacional». Ante la ola de críticas y preocupaciones, la institución ha decidido esclarecer que «no hay ninguna causa abierta» contra estos grupos.

Detalles de la Aclaración

Fuentes de la Fiscalía han declarado que el objetivo del informe era evaluar «posibles amenazas», pero en ningún caso se pretendía tildar a estos colectivos de «amenaza terrorista». La confusión se derivó de la inclusión de ambos grupos en el subapartado de «Ecologismo radical». Esta elección taxonómica ha generado alboroto y malentendidos, exigiendo una rápida respuesta por parte de la institución judicial.

La Comunidad Responde

Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones en reaccionar. En un comunicado, enfatizaron que «las acciones pacíficas de desobediencia civil son formas legítimas de protesta y no constituyen actos terroristas». El partido político Podemos también solicitó que se retirara la clasificación de «terroristas» de estos grupos en el informe.

Justificación de la Fiscalía

La Fiscalía argumenta que su informe anual evalúa posibles riesgos con base en informaciones remitidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este marco, se analizan todas las acciones violentas, organizadas y llevadas a cabo en distintas geografías, tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, se reconoce que «quizá» no fue la mejor forma de abordar esta cuestión, dado el revuelo causado.

Evolución del Activismo Ecológico

El mismo informe destaca un aumento significativo en la actividad de colectivos ecologistas, que han «pasado de las habituales acciones reivindicativas de ‘desobediencia civil no violenta’ a realizar acciones de mayor calado». Específicamente, se señala la creciente presencia de Futuro Vegetal en campañas contra el sector cárnico, una acción que «ya no tiene tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía».

Reflexiones Finales

El incidente con la Fiscalía muestra la delicada línea que se camina al evaluar el activismo en términos de seguridad nacional. Aunque la clasificación inicial fue desafortunada, la rectificación muestra una voluntad de clarificar y mejorar el enfoque hacia el activismo ambiental.

Es vital que se mantenga un diálogo abierto y sincero entre las autoridades y estos colectivos, para evitar malentendidos que puedan desvirtuar la legítima lucha contra la crisis climática. La equívoca clasificación no solo pudo haber afectado la imagen de estos colectivos, sino que también podría haber tenido graves repercusiones legales. Este episodio debe servir como un llamado a la cautela y la precisión en futuras evaluaciones de seguridad nacional.