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Gobierno Ayuso trocea facturas para contratar a dedo

Gobierno Ayuso trocea facturas para designar a dedo

Jeickson Sulbaran

28 de junio de 2024 | 11:15 am

La estrategia irregular de fraccionar contratos públicos en la Comunidad de Madrid

El punto del título es la revelación de una práctica opaca y presuntamente ilegal llevada a cabo por la administración de la Comunidad de Madrid bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso. La escuela de arte Alberto Corazón, levantada en tiempo récord y sin los habituales controles públicos, es un claro ejemplo de cómo se pueden manipular las leyes de contratación para eludir los concursos públicos y asignar proyectos de forma directa a empresas específicas. Este caso, aunque localizado en Alcalá de Henares, es solo la punta del iceberg de una práctica que parece estar más extendida de lo que se pensaba, afectando también a otras instituciones como el hospital-escuela de Ciudad Escolar.

El proceso de construcción de la escuela de arte y la falta de transparencia en la adjudicación

La construcción de la Escuela de Arte Alberto Corazón se llevó a cabo entre febrero y agosto de 2022, un periodo extraordinariamente corto para una obra de tal magnitud. Con un coste de 1,2 millones de euros, la obra debería haber sido sometida a concurso público, permitiendo así la participación de varias empresas y garantizando un uso transparente y eficiente de los fondos públicos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid optó por una táctica diferente: dividir el coste total en facturas menores de 40.000 euros más IVA, evitando así el concurso y asignando el proyecto directamente a una única empresa.

Gobierno Ayuso trocea facturas para designar a dedo

Este método, aunque eficaz para eludir las regulaciones, plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de las decisiones tomadas. Según la ley 9/2017 de contratos del sector público, cualquier proyecto que supere cierto umbral debe pasar por un proceso de licitación para garantizar transparencia y competencia. Fraccionar los pagos en más de 20 facturas menores, como se hizo en este caso, parece ser una estrategia deliberada para esquivar estas obligaciones legales.

La implicación de altos cargos y la conexión con otros casos similares

No es la primera vez que se detectan irregularidades en la gestión de fondos públicos en la Comunidad de Madrid. El caso del hospital-escuela de Ciudad Escolar, actualmente bajo investigación de la Fiscalía, muestra un patrón similar de fraccionamiento de facturas para proyectos de gran envergadura. En ambos casos, los mismos nombres aparecen una y otra vez en los correos electrónicos y documentos relacionados con las obras. Alfonso Mateos, subdirector cesado por el caso de Ciudad Escolar, también figura en las comunicaciones relativas a la Escuela de Arte Alberto Corazón, lo que sugiere una posible red de complicidad dentro de la administración.

Las direcciones de los institutos de Formación Profesional, como el IES Antonio Machado, manejan grandes cantidades de dinero y tienen una autonomía financiera significativa. Sin embargo, el control sobre estos fondos es escaso y depende en gran medida de la propia dirección y el consejo escolar, un órgano que rara vez profundiza en las cuentas. Este contexto facilita que se tomen decisiones financieras de dudosa legalidad sin una supervisión adecuada.

La falta de respuestas y la opacidad institucional

La Consejería de Educación no ha proporcionado información clara sobre el origen de los fondos utilizados para estos proyectos, ni sobre las investigaciones internas que puedan estar en marcha. La negativa a contestar preguntas sobre la incorporación del caso de Alcalá de Henares a la investigación de Ciudad Escolar solo añade más sombras a una gestión ya cuestionada. La falta de transparencia se extiende también al Portal de la Contratación de Madrid, donde estas facturas de contratos menores no se encuentran disponibles, y al Portal de Transparencia, que ha denegado el acceso a los datos sobre el reparto de fondos.

En última instancia, estas prácticas ponen en entredicho la integridad de la administración pública y socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La opacidad y la posible ilegalidad en la gestión de fondos públicos exigen una investigación exhaustiva y la implementación de medidas que garanticen una mayor transparencia y responsabilidad en el futuro.

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