21 de febrero de 2024 | 10:27

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Gobierno de España revoca la cita previa en servicios públicos

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Mairenis Gómez

1 de febrero de 2024 | 6:32 pm

La nueva era de la administración pública

El cambio hacia un modelo de atención pública más accesible y directa ha sido anunciado recientemente por el gobierno español. Marcando un punto de inflexión en la forma en que los ciudadanos interactúan con la administración pública. Esta decisión, que revoca la obligatoriedad de la cita previa implementada durante la pandemia, representa un esfuerzo por adaptarse a las necesidades de una población en proceso de jubilación, que requiere un acceso más inmediato y personal a estos servicios.

Una respuesta a la necesidad de acceso directo en la administración pública

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luís Escrivá, ha sido el encargado de anunciar esta relevante medida. La eliminación de la cita previa obligatoria es un claro reconocimiento de que el contacto directo con los funcionarios y la facilidad en la realización de trámites son esenciales. Especialmente para aquellos ciudadanos que se acercan a su jubilación.

Revisión de la gestión administrativa para garantizar la igualdad en el acceso

La pandemia nos obligó a repensar y adaptar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y la gestión administrativa no fue la excepción. Sin embargo, la situación actual exige una revisión de estas prácticas para asegurar que nadie quede excluido o limitado en su acceso a los servicios públicos.

Medidas de apoyo a la digitalización y atención personal

Además, el ministro Escrivá ha detallado además otras medidas que acompañarán esta iniciativa. Entre ellas, se encuentra la ampliación de los servicios disponibles a través de la web de la administración y el teléfono 060, buscando así un equilibrio entre la digitalización y la atención personal.

Reforzar la plantilla para mejorar el servicio

Además, Escrivá ha subrayado la importancia de reforzar la plantilla de la Administración General del Estado, que actualmente cuenta con más de medio millón de empleados. La pandemia puso a prueba la capacidad de respuesta del sector público, revelando la necesidad de un personal más amplio y mejor preparado para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Inclusive, se ha mencionado la necesidad de un relevo generacional, dado que un 60% de la plantilla actual se jubilará en los próximos diez años. Esta renovación no solo es necesaria para mantener la eficacia del servicio. Sino también para incorporar nuevas habilidades y perspectivas que se alineen con las demandas de una sociedad en constante evolución.

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El cambio revolucionario en la administración pública española

Por otro lado, para aquellos trámites que requieran de gestiones por escrito. Se complementará la documentación legal con cartas explicativas que detallen la información de manera clara y sencilla. Esta iniciativa busca facilitar la comprensión de los procesos y disminuir las barreras que a menudo se encuentran en el lenguaje burocrático.

Adaptación y modernización: claves para un servicio público eficaz

Este anuncio no solo es una respuesta a las necesidades actuales, sino también un paso hacia una administración pública más moderna y eficiente. El reto no solo radica en revertir una medida impuesta por la emergencia sanitaria, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre la digitalización de los servicios y la atención personalizada. Garantizando así que todos los ciudadanos, independientemente de su edad o habilidades digitales, tengan acceso equitativo a los servicios públicos.

Sin duda, la decisión del gobierno español de revoca la cita previa obligatoria en servicios públicos es un claro indicativo de su compromiso con la mejora continua de la atención al ciudadano. Este cambio, acompañado de un fortalecimiento de la plantilla y una adaptación a las nuevas tecnologías. Garantiza un servicio público más accesible y adaptado a las necesidades de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en proceso de jubilación. Es un paso adelante en la construcción de una sociedad más inclusiva y participativa, donde el acceso a los servicios públicos es un derecho garantizado para todos.

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