Gobierno Sánchez suelta rápido los millones para frenar la huelga de jueces y fiscales

En el epicentro de la discusión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales se encuentra una huelga inminente. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha presentado una propuesta para evitar el paro, ofreciendo 46,7 millones de euros y otras mejoras laborales.

Una propuesta de subida salarial y creación de plazas

El Ministerio de Justicia se encuentra en negociaciones con las asociaciones de jueces y fiscales. La propuesta planteada consiste en aumentar en hasta 450 euros al mes los salarios de casi 8.000 miembros de estas asociaciones, así como la creación de 300 nuevas plazas. La respuesta a esta propuesta es vital para determinar el rumbo de la huelga indefinida inicialmente convocada para el 16 de mayo, y que fue postergada hasta el 22 de mayo para permitir la continuación de las conversaciones.

La mayoría de las asociaciones parecen inclinarse por aceptar el acuerdo. Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa entre los jueces y de ideología conservadora, aún no ha esclarecido si va a desconvocar la huelga.

Respuestas divergentes entre las asociaciones

Mientras algunos insisten en mantener la calma y mostrar optimismo, otros han mostrado más reservas. Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros, ha señalado que «solo quedan unos retoques» y que estaban «muy satisfechos». En la misma línea, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, ha afirmado que «hay acuerdo», aunque aún faltan «flecos por cerrar».

Por otro lado, la asociación FCO de Vitoria ha mostrado un tono menos optimista, aunque acepta el acuerdo: «No es el que queríamos, pero lo aceptamos», ha señalado José Ignacio Martínez. El portavoz de la APM, Juan José Carbonero, ha pedido prudencia: «No hay que echar las campanas al vuelo», y aseguraba que «no se va a firmar porque faltan cosas».

Un camino aún por definir

El proceso de negociación sigue su curso, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y muchos detalles que ajustar. El hecho de que una asociación tan relevante como la APM no haya desconvocado la huelga plantea interrogantes sobre la aceptación final del acuerdo. En esta incertidumbre, la postura del Gobierno y de las asociaciones en las próximas negociaciones será crucial para determinar el futuro de la justicia en España.