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La «mafia del diésel» en España: Un fraude de €1.900M al año

Mairenis Gómez

14 de octubre de 2024 | 9:03 am

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude destapa un esquema de importación ilegal de combustible

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude y las autoridades de competencia han abierto una investigación sobre lo que ya se conoce como la «mafia del diésel» en España, un fraude de combustibles sin precedentes que alcanza los 1.900 millones de euros anuales y que lleva más de 13 meses operando en el país.

Combustible de «falsa bandera»

El fraude se centra en la venta de diésel refinado, principalmente importado desde Siria, Rusia e Irán, países con restricciones de exportación. Sin embargo, para esquivar las sanciones, el combustible se «blanquea» al pasar por Turquía y Marruecos, donde se finge haber cargado y refinado el diésel, cambiando así su nacionalidad. De este modo, se importa a España bajo una bandera diferente, evitando los controles por proceder de regímenes sancionados.

Los «operadores fantasma», pieza clave del fraude

El combustible es posteriormente vendido a las gasolineras por «operadores fantasma», empresas que se crean, operan durante un breve período, y desaparecen en cuestión de tres meses. Estos intermediarios venden el diésel a precios extremadamente bajos, llegando a 40 o 60 céntimos menos que el diésel legal, lo que atrae a muchos gasolineros que, en ocasiones, compran a sabiendas de su origen fraudulento.

Crecimiento del fraude y su impacto en el sector

Según datos del sector y de la Agencia Tributaria, el fraude comenzó a ganar fuerza en 2022, cuando representaba el 5% del total del combustible vendido en España. A finales de 2023, esta cifra había crecido al 15%, y en la actualidad, los investigadores estiman que entre el 22% y el 25% del diésel vendido en el país forma parte de esta trama ilegal. Esto significa que uno de cada cuatro litros de diésel que se comercializan en España está implicado en el fraude.

Este esquema afecta gravemente a las gasolineras legales, que no pueden competir con los precios tan bajos del combustible fraudulento, amenazando incluso la viabilidad de grandes compañías petroleras que operan en el país.

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