6 de mayo de 2024 | 1:34

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Okdiario y la EMT de Madrid denunciados por presunta malversación

Okdiario y la EMT de Madrid en la mira por presunta malversación

Jeickson Sulbaran

19 de enero de 2024 | 2:46 pm

En el intrincado mundo de la gestión pública y la comunicación, surgen a veces historias que merecen ser contadas con detalle y rigor. Nos encontramos ante un caso que combina la administración de recursos públicos y los medios de comunicación, una mezcla que, como veremos, puede resultar compleja y controvertida. Tras la denuncia de Podemos, estamos hablando de la imputación de la empresa editora de Okdiario y del director gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, una situación que pone en tela de juicio prácticas de contratación y uso de fondos públicos.

En este escenario, nos adentramos en las entrañas de un contrato adjudicado a Dos Mil Palabras SL, empresa que edita Okdiario, el contrato, valorado en 72.600 euros, fue otorgado por la EMT, entidad bajo la batuta del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez Almeida. Lo que llama poderosamente la atención en esta situación es la naturaleza del contrato y las circunstancias que lo rodean.

La adjudicación y sus peculiaridades

Okdiario y la EMT de Madrid en la mira por presunta malversacións

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) adjudicó a la editora de Okdiario un contrato para la realización de unas jornadas sobre movilidad sostenible, un tema de gran relevancia en la agenda pública. Sin embargo, lo que podría ser una simple contratación de servicios se convierte en objeto de escrutinio por varias razones. La primera de ellas es el procedimiento empleado: una adjudicación a dedo, o lo que es lo mismo, un procedimiento negociado sin publicidad. Este tipo de contrataciones, aunque legales bajo ciertas circunstancias, siempre generan dudas sobre su transparencia y justificación.

El segundo aspecto que llama la atención es la elección de la empresa. Okdiario, conocido por su labor periodística, no es precisamente un referente en la organización de eventos, lo cual plantea interrogantes sobre la idoneidad y competencia para llevar a cabo dicha tarea. Esta situación, unida al hecho de que el importe del contrato supera en cuatro veces lo pagado por trabajos similares, levanta sospechas de un posible sobreprecio.

El entramado de subcontrataciones y la respuesta de Podemos

La trama se complica aún más cuando se descubre que, antes de la adjudicación formal del contrato, Dos Mil Palabras SL ya había anunciado la realización de las jornadas y subcontratado todas las tareas necesarias. Lo más sorprendente es que el importe de estas subcontrataciones, 22.469 euros, es significativamente inferior a lo percibido por el contrato con la EMT. Esta diferencia de costes, que no parece tener una justificación clara, es lo que ha llevado a Podemos a presentar una denuncia por presunta malversación de fondos públicos.

El juzgado correspondiente ha reaccionado ante estas acusaciones. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigados tanto al director gerente de la EMT como a representantes de Dos Mil Palabras SL de Okdiario. Además, se ha solicitado la declaración como testigo del representante de la firma subcontratada para la organización del evento. Estas acciones judiciales no son más que la punta del iceberg de un asunto que podría revelar prácticas cuestionables en la gestión de recursos públicos.

El caso nos lleva a reflexionar sobre la relación entre medios de comunicación y administraciones públicas. Okdiario, bajo la dirección de Eduardo Inda, ha recibido en el pasado contratos de publicidad institucional, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid de José Luis Martínez Almeida, sumando cantidades considerables. Este hecho, unido al actual escenario de imputación, plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la relación entre medios y poderes públicos.

Nos encontramos ante un caso que destapa la complejidad de las relaciones entre medios de comunicación, empresas y administraciones públicas. Un caso que nos recuerda la importancia de la vigilancia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y que pone en relieve la necesidad de un periodismo riguroso y responsable. Las próximas semanas serán cruciales para desentrañar los detalles de esta historia y entender mejor cómo se entrelazan los hilos del poder, la información y el dinero público.

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