Pedro Sánchez acusa al juez Peinado de prevaricación en proceso judicial

Esta acción legal se produce en el marco del proceso judicial que investiga a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión que ha sacudido los cimientos de la política española. Este martes, presentó una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. La Abogacía del Estado, en representación de Sánchez, ha formalizado esta acción en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno.

La querella acusa al juez Peinado de obligar a Sánchez a declarar en Moncloa injustamente

En su escrito, la Abogacía del Estado sostiene que Peinado ha actuado de manera arbitraria al citar a Sánchez a declarar en Moncloa, en lugar de permitirle hacerlo por escrito. Según la querella, el juez tomó esta decisión a sabiendas de su injusticia, violando así la normativa vigente. La defensa de Sánchez subraya que el juez no motivó adecuadamente su resolución del 19 de julio, donde negaba al presidente la posibilidad de declarar por escrito.

La Abogacía del Estado acusa al juez Peinado y pide testigos clave para demostrar su arbitrariedad

El escrito de la querella repasa los momentos clave de la instrucción llevada a cabo por Peinado, citando numerosos autos y providencias que, según la defensa de Sánchez, evidencian la necesidad de defender la institución presidencial. Además, se solicita que se tome declaración como testigo al juez Carlos Valle, quien rechazó el recurso de la Fiscalía sobre la declaración escrita de Sánchez. La Abogacía del Estado busca así demostrar que la decisión de Peinado fue una manifestación de arbitrariedad contraria a la ley.

Impacto público y electoral de las decisiones judiciales

Además, uno de los argumentos más contundentes de la querella es la relevancia pública y electoral que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a miembros del Ejecutivo. La Abogacía del Estado subraya que no se trata de un ataque al poder judicial, sino de evitar que el ejercicio puntual de un juez pueda alterar innecesariamente el funcionamiento de los demás poderes del Estado. La querella insiste en que la acción del juez Peinado representa una desviación de la función judicial, afectando directamente a la institución presidencial y al equilibrio de poderes.

Finalmente, la Abogacía del Estado no solo solicita la declaración de testigos clave, sino que también pide la adopción de medidas cautelares para proteger la legalidad y la transparencia en este proceso judicial.