Primeros pasos judiciales para la posible imputación del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez

La Diligencia de Ordenación y su relevancia en el proceso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado el proceso para determinar la posible imputación del juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, por revelación de secretos. Este primer paso se ha materializado en una Diligencia de Ordenación firmada el 7 de junio por Enrique Calvo Vergara, letrado de la Administración de Justicia.

La Diligencia de Ordenación establece un plazo de cinco días para que la Fiscalía se pronuncie sobre los hechos denunciados en la querella interpuesta por el periodista Máximo Pradera contra el juez Peinado. Esta querella se basa en la supuesta revelación de secretos durante la investigación a Begoña Gómez por posible tráfico de influencias y corrupción de negocios. La importancia de este primer paso radica en que el TSJM solicita la opinión del Ministerio Público antes de decidir si admite la querella. Esto demuestra un procedimiento judicial riguroso y transparente, esencial en casos de alta relevancia pública.

La querella de Máximo Pradera y sus implicaciones legales

El periodista Máximo Pradera presentó la querella contra el juez Peinado el 30 de mayo, después de haber interpuesto otra querella contra Luis Salas Fernández, jefe de prensa del TSJM. Pradera acusa a Salas de haber filtrado información a los medios sobre la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. La querella de Pradera se apoya en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los artículos 466 y 417 del Código Penal, que tipifican el delito de revelación de secretos. Según Pradera, el juez Peinado habría levantado el secreto de sumario de la causa contra Gómez y permitido que la información se difundiera públicamente a través de redes sociales y medios de comunicación.

Las demandas de Pradera y el papel de la Fiscalía

Pradera exige que se investigue tanto a Juan Carlos Peinado como a Luis Salas Fernández. Solicita que se citen a declarar como investigados, se requiera información a la oficina de Comunicación del TSJM y al Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y se informe sobre la exposición pública de datos protegidos. La Fiscalía tiene ahora el deber de examinar estas demandas y decidir si hay indicios suficientes para proceder con la imputación. Este proceso es crucial para mantener la integridad del sistema judicial y garantizar que se respeten los derechos de todos los implicados.

Begoña Gómez declarará en calidad de investigada

El 5 de julio, Begoña Gómez comparecerá en el Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid como investigada. Esta cita se produce después de que la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil registrara la sede de Red.es por orden de la Fiscalía Europea, pese a no encontrar indicios claros de delito en sus negocios. La investigación sigue su curso, y la comparecencia de Gómez podría arrojar más luz sobre las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.

El inicio de este proceso judicial es un paso fundamental para esclarecer los hechos en torno a la investigación a Begoña Gómez. La transparencia y la rigurosidad en el procedimiento son esenciales para garantizar la justicia y la confianza pública en el sistema judicial. La decisión final de la Fiscalía será determinante en el futuro de esta causa y en la posible imputación del juez Juan Carlos Peinado.