¿ Qué es el ‘Lawfare’ en nuevo acuerdo político PSOE – Junts ?

El acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez y la amnistía ha abierto un debate de gran relevancia en el ámbito judicial y político español, este pacto, firmado en Bruselas, otorga al Congreso de los Diputados la facultad de crear «comisiones de investigación» con el propósito de evaluar la labor de los jueces y determinar si se ha perpetrado «lawfare» o manipulación judicial en la persecución de los responsables y protagonistas del procés.

Las decisiones judiciales bajo escrutinio

Los independentistas argumentan que ciertas decisiones judiciales se han dirigido a socavar el proceso independentista, tanto antes como después de la consulta de 2014. El acuerdo especifica que estas comisiones, compuestas mayoritariamente por los partidos que respaldan la amnistía, tendrán la responsabilidad de esclarecer si realmente ha ocurrido una persecución judicial. Es importante destacar que esto representa un precedente sin parangón en la revisión parlamentaria de decisiones judiciales en España.

La Ley de Amnistía y sus implicaciones

Dentro de los «acuerdos» rubricados por ambas formaciones, el apartado dedicado a la «Ley de Amnistía» es particularmente relevante. El texto establece que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.»

Beneficiarios de la amnistía

Uno de los puntos que genera mayor controversia es la inclusión en la amnistía de personas condenadas por delitos no directamente relacionados con el proceso independentista. Esto podría afectar a figuras como Laura Borràs, Gonzalo Boye o Jordi Pujol, incluso en casos de corrupción o blanqueo de dinero. En este sentido, las comisiones de investigación, dominadas por los partidos que respaldan la investidura y la ley de amnistía, tendrán la potestad de determinar si estas condenas son producto del «lawfare«.

Posible amnistía y dudas legales

Si una comisión llegara a la conclusión de que ha existido «lawfare» en un caso particular, el individuo afectado podría ser amnistiado según lo establecido en el acuerdo. Sin embargo, surge la pregunta de si el afectado tendría la posibilidad de denunciar al juez por prevaricación, lo que añade un elemento adicional de complejidad legal.

Retroactividad de la amnistía

Otro aspecto relevante es que la amnistía propuesta debe aplicarse tanto a responsables como a ciudadanos que fueron objeto de decisiones o procesos judiciales relacionados con los eventos previos y posteriores a la consulta de 2014 y al referéndum de 2017. Esto plantea la cuestión de si la amnistía tendría un alcance retroactivo, abarcando delitos cometidos antes de 2014.

Renuncia a la unilateralidad y referéndum

El acuerdo también contiene elementos que podrían interpretarse como una renuncia por parte de los independentistas a la unilateralidad. Se menciona la búsqueda de «una solución política y negociada al conflicto». Esto podría interpretarse como un compromiso para evitar la repetición de un proceso similar al de 2017.

En cuanto al referéndum de autodeterminación, se mantiene como una aspiración de Junts en acuerdo con el PSOE, pero su realización se pospone a una mesa de diálogo. El Gobierno sostiene que esta reivindicación debe discutirse en un contexto de negociación, aunque no se descarta que el acuerdo final pueda someterse a consulta en Cataluña, pero no como un referéndum de autodeterminación.

Financiación y otras cuestiones pendientes

El acuerdo también deja pendiente para futuras negociaciones la solicitud de Junts de obtener un sistema de financiación similar al concierto vasco y navarro. Se propone una modificación de la LOFCA que reconozca la singularidad del sistema institucional de la Generalitat y facilite la cesión del 100% de los tributos que se recauden en Cataluña. Además, se plantea abordar el retorno de la sede social de empresas que cambiaron su ubicación en los últimos años.

Reconocimiento de la participación en el 1-O

El acuerdo reconoce la «participación masiva en favor de la independencia de Cataluña» en el referéndum del 1 de octubre y señala que «el intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras.» Esto refleja el reconocimiento de un evento que ha dejado una marca indeleble en la historia reciente de Cataluña.

En resumen, el acuerdo entre el PSOE y Junts abre un nuevo capítulo en la relación entre Cataluña y el Gobierno central, planteando cuestiones fundamentales sobre la independencia judicial y la amnistía, así como el futuro político de la región. El Congreso de los Diputados tendrá la tarea de evaluar y decidir sobre estas cuestiones cruciales en los próximos años.