Quirón argumenta protección de datos para no enviar documentos al Congreso de la pareja de Ayuso

Quirón y la negativa a colaborar con el Congreso de los Diputados

Desde el Grupo Quirón han decidido no colaborar con la comisión del Congreso de los Diputados que solicitaba documentación sobre su relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un escrito dirigido al Parlamento, Quirón se ampara en el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal para no enviar los documentos requeridos.

González Amador, imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos, mantiene vínculos comerciales con Quirón, principal adjudicatario de contratos de salud en la Comunidad de Madrid. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de su implicación en operaciones comerciales cuestionables, el Grupo Quirón argumenta que la divulgación de la información solicitada vulneraría derechos fundamentales.

Las implicaciones del caso González Amador en la Comunidad de Madrid

En el marco de la investigación sobre la adquisición de material sanitario, el Congreso había solicitado a Quirón todos los contratos laborales, comerciales y mercantiles relacionados con Alberto González Amador. Sin embargo, Quirón ha optado por no proporcionar dicha documentación, escudándose en la legislación sobre protección de datos y el derecho a la intimidad.

La comisión del Congreso busca esclarecer el uso de fondos públicos durante la pandemia, particularmente en la compra de mascarillas. González Amador se embolsó una comisión millonaria por su intermediación en la compra-venta de dicho material, operación en la que también participó Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Esta relación comercial ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y corrupción.

Argumentos legales y la defensa de Quirón ante el Congreso

El Grupo Quirón ha fundamentado su negativa en una serie de argumentos legales, citando el artículo 18 de la Constitución Española y la normativa laboral y comercial. Según Quirón, proporcionar la información solicitada afectaría derechos fundamentales de las personas involucradas, incluyendo el secreto empresarial y la protección de datos.

Además, Quirón sostiene que la información requerida no está directamente relacionada con el objeto de la comisión de investigación. La empresa también ha destacado que las Cortes Generales no tienen competencia para controlar a administraciones autonómicas o municipales, limitándose su ámbito de actuación al Gobierno de la Nación.

En respuesta a otra solicitud del Congreso, Quirón ha entregado un cuadro con información sobre sus contratos con la Comunidad de Madrid, la Asamblea madrileña y ayuntamientos de la región. Sin embargo, la empresa insiste en que esta información es pública y accesible a través de las administraciones correspondientes, cuestionando la pertinencia de la solicitud del Congreso.

En el Grupo Quirón ha adoptado una postura firme en defensa de la protección de datos y la privacidad, negándose a colaborar con la comisión del Congreso en el caso de Alberto González Amador. Esta decisión ha generado controversia y plantea interrogantes sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid.