Sánchez quiere triplicar la inversión en vivienda y acabar con el monopolio de los portales inmobiliarios

Un nuevo Acuerdo Estatal por la Vivienda en el centro del debate autonómico

Pedro Sánchez no quiere que el acceso a la vivienda siga siendo una ruleta rusa en manos del mercado. Por eso, en la próxima Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo lanzará una propuesta ambiciosa: triplicar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar los 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030, y crear una base pública de precios que arrebate el control de la información a los portales inmobiliarios privados. Suena a revolución. O al menos, a intento de enmienda.

En la carta enviada a los presidentes autonómicos, Sánchez subraya que la vivienda es una competencia compartida, y recuerda —con algo más que sutileza— que “nunca antes las comunidades habían recibido tantos recursos del Estado como ahora”. Lo que se les pide, entonces, es corresponsabilidad: que aporten al menos 2.700 millones de los 7.000 previstos. El resto, unos 4.000 millones, lo asumiría el Gobierno central. Así, el nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda aspira a ser un pacto coral entre administraciones, con objetivos claros: construir, rehabilitar y proteger el parque público de vivienda, en propiedad y en alquiler.

Datos públicos, viviendas protegidas y el fantasma de los fondos buitre

Pero el dinero no es todo. Sánchez quiere también desactivar una de las armas más sutiles del mercado: la opacidad informativa. Por eso, propone crear una base de datos pública de precios de alquiler y compraventa, que sustituya —o al menos complemente— a los datos manipulables y fragmentarios de las grandes webs inmobiliarias. “Solo con esa transparencia”, dice Moncloa, “se podrán diseñar políticas eficaces y ayudar a los ciudadanos a negociar de forma adecuada el precio de su casa”.

En paralelo, se plantea blindar las viviendas de protección pública para que no acaben, como tantas otras, en manos de fondos buitre o vendidas a precio de oro en el mercado libre. La idea: que las viviendas financiadas con dinero público mantengan su carácter protegido de forma indefinida. En otras palabras, que no sean caramelos especulativos, sino opciones reales y estables para quienes más lo necesitan.

El viernes, en Barcelona, tocará debatir todo esto. Falta saber si las comunidades autónomas lo verán como un pacto de Estado… o como una factura. Pero si algo queda claro es que el modelo actual no da más de sí, y que esta propuesta, guste o no, pone el dedo en la llaga: el derecho a la vivienda no puede depender del algoritmo de un portal inmobiliario.