Ayuso en Bilbao no despeja la X de las mascarillas

Mutis por el forro de Ayuso en el tema de su pareja y las mascarillas en Bilbao

El caso de Alberto González Amador y las comisiones de dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia ha puesto de manifiesto la complejidad de los entramados fiscales y las relaciones personales en el negocio sanitario. La investigación fiscal ha revelado que González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, utilizó facturas falsas para simular gastos y reducir sus obligaciones tributarias tras obtener ingresos significativos como intermediario.

Uno de los puntos clave en la trama es la participación de Fernando Camino, directivo del grupo Quirón y conocido de González Amador. Camino figura como administrador de Mape Asesores, la empresa a través de la cual se gestionó un pedido sustancial de material sanitario. Este pedido, realizado a la empresa catalana FCS Select Products, generó una comisión de dos millones de euros para González Amador, prometida como un 4,5% de las ventas facilitadas a la empresa.

La trama se complica con la relación entre Camino y González Amador, que se extiende más allá de los negocios formales. Camino facilitó a González Amador una sociedad en Panamá utilizada hasta poco antes de que Hacienda iniciara su inspección. Además, vendió a González Amador una empresa que posteriormente se usó como pantalla para ocultar movimientos financieros.

La situación es especialmente delicada dado que Mape Asesores, bajo administración de Camino, no solo gestionaba pedidos para sí misma sino también para reventa a otras empresas y administraciones públicas, incluidas la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia. Esto plantea la pregunta no solo sobre quién pagó realmente el sobreprecio de las mascarillas, sino también sobre la transparencia y legalidad de las comisiones obtenidas.

La conexión de Mape con entidades públicas y grandes corporaciones sugiere que el impacto de estas prácticas podría ser extenso, afectando a numerosos contratos y suministros durante un periodo crítico de la pandemia. La investigación aún debe desvelar completamente quién cargó finalmente con el coste adicional de estas operaciones y cómo se distribuyeron las responsabilidades entre las partes involucradas.

Mientras tanto, elDiario.es y otros medios continúan enfrentándose a presiones y amenazas por parte de figuras políticas y empresariales implicadas. La situación subraya los riesgos del periodismo de investigación en un entorno donde las finanzas y la política están profundamente interconectadas, y resalta la necesidad de apoyo público para sostener la labor de los medios en su función de vigilancia y denuncia.