El Juzgado número 15 de Bilbao condena a Kutxabank a devolver gastos hipotecarios

Fallo judicial a favor de los consumidores

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Bilbao ha dictado una sentencia histórica en la que condena a Kutxabank a abonar casi 1.400 euros a una usuaria por gastos de formalización de una hipoteca cancelada hace casi 30 años, en 1997. La jueza Paula Boix Sampedro ha declarado nula la cláusula que imponía todos estos gastos a la afectada y ha resuelto que el plazo para solicitar el reembolso y los intereses no había prescrito, en contra de lo argumentado por el banco.

Detalles del fallo judicial

La sentencia dictada por la jueza Boix Sampedro establece la «nulidad de la cláusula por la que se imponen los gastos de formalización y constitución de la escritura de préstamo hipotecario de 6 de octubre de 1992, condenando a la demandada a pagar a los demandantes el 50% de los gastos notariales y el 100% de los gastos registrales, gestoría y/o tasación en su caso abonados más el interés legal desde la fecha de su abono».

Kutxabank ha procedido a abonar a la usuaria 1.386 euros, que comprenden 555 euros por los gastos de formalización de la hipoteca y 831 euros en concepto de intereses legales acumulados hasta la fecha. Además, el banco ha sido condenado a pagar las costas del procedimiento judicial.

Antecedentes del caso

Marta U., residente en Bilbao, formalizó en 1992 un contrato de préstamo hipotecario con el banco Bilbao Bizkaia Kutxa —actualmente Kutxabank— para la compra de su vivienda. La hipoteca incluía una cláusula que imponía a Marta todos los gastos de formalización del préstamo. Marta terminó de pagar su hipoteca en 1997. Sin embargo, en 2020, descubrió que diversas sentencias del Tribunal Supremo habían dictaminado que la imposición de la totalidad de los gastos de formalización a los consumidores podía ser considerada abusiva.

Reclamación y negativa del banco

Tras conocer estas sentencias, Marta decidió reclamar a Kutxabank la nulidad de dicha cláusula y el reembolso de los gastos de formalización, actualizados con los intereses correspondientes. Kutxabank no respondió a sus reclamaciones, lo que llevó a Marta a acudir a FACUA Euskadi en enero de 2021 para que le asistieran en la exigencia de reembolso.

El equipo jurídico de FACUA Euskadi se dirigió a Kutxabank en dos ocasiones para instarle a declarar nula la cláusula y devolver el dinero pagado de más. Sin embargo, Kutxabank se negó a atender la reclamación, argumentando que el plazo para pedir el reembolso había prescrito.

Demanda y sentencia favorable

Ante la negativa del banco, FACUA Euskadi presentó una demanda en nombre de Marta, argumentando que el plazo de prescripción comienza a contar desde que la cláusula es declarada nula por un juzgado, no desde la firma de la hipoteca ni desde que se termina de pagar. Kutxabank se allanó en lo referido a la nulidad de la cláusula, pero mantuvo que no debía reembolsar el dinero debido a la prescripción del plazo de reclamación.

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Bilbao desestimó los argumentos de Kutxabank, declarando nula la cláusula por abusiva y condenando al banco a restituir a Marta lo pagado por los gastos hipotecarios más los intereses, al considerar que no había prescrito ningún plazo para reclamarlos.

Importancia de la sentencia

Esta sentencia es un precedente significativo para otros consumidores que se encuentran en situaciones similares. FACUA está tramitando numerosas reclamaciones de usuarios que tienen o tuvieron hipotecas en el pasado, y ha constituido una plataforma de afectados para canalizarlas. Según una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el plazo de 15 años para reclamar los gastos hipotecarios no empieza a contar hasta que el consumidor tiene una sentencia firme que declara nula la cláusula.

La victoria de Marta U. subraya la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y estén dispuestos a luchar por ellos, incluso si el proceso es largo y complicado. La sentencia refuerza el compromiso de las organizaciones de consumidores y de la justicia para proteger a los ciudadanos frente a prácticas bancarias abusivas.