La Diputación de Bizkaia cierra la residencia Andia de Bilbao

La Diputación Foral de Bizkaia ha tomado medidas cautelares y ha cerrado el centro residencial Andia de Bilbao

También ha abierto un expediente sancionador a la residencia Otxartaga de Ortuella por incumplimientos en los servicios que ofrece. Estos son algunos de los resultados del Plan de Inspección y Control de los centros sociales del territorio que se llevó a cabo el pasado año. El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha destacado que se ha producido un incremento continuado del número de inspecciones realizadas en los centros de mayores desde el inicio de la legislatura, cifrado en un 23%. El objetivo es garantizar la protección de las personas usuarias y la calidad de los servicios públicos.

El año pasado se realizaron 204 inspecciones en centros de mayores, con el personal foral verificando el buen estado del servicio en otros centros del territorio. Se llevaron a cabo 63 inspecciones en centros de día, 72 en viviendas comunitarias y apartamentos tutelados, 58 en centros de atención temprana, 117 en centros de menores y en todos los centros de apoyo a las mujeres. Gracias a este trabajo, la Diputación detectó 21 incumplimientos, entre ellos dos graves en sendas residencias del territorio.

El centro residencial Andia de Bilbao, que contaba con 15 plazas autorizadas y cuatro residentes en el momento de la inspección, se ha cerrado temporalmente debido a los cinco incumplimientos detectados en relación a la temperatura del local. La Diputación ordenó la suspensión cautelar de la actividad el pasado 2 de marzo y los residentes fueron trasladados a otras residencias dos días después.

En el caso de la residencia ubicada en Ortuella, la Diputación incoó un expediente sancionador por un incumplimiento muy grave ocurrido en la noche y madrugada del 1 de febrero. El personal del turno de noche no acudió a su puesto de trabajo, por lo que la Diputación constató que esa noche no había nadie atendiendo a las personas residentes. La residencia podría enfrentarse a una sanción económica de hasta 600.000 euros, una suspensión temporal de su actividad o una suspensión de la financiación pública. Ambos casos se han puesto en conocimiento del Ministerio fiscal.

A pesar de estos incidentes, el diputado Murillo ha destacado que estos casos son excepcionales dentro de una red de 155 centros en Vizcaya. Las residencias funcionan bien y las familias están satisfechas con los servicios que se ofrecen, como lo demuestra la última encuesta de satisfacción, en la que las familias han otorgado una nota media de 7,9 puntos sobre 10. La Diputación Foral de Vizcaya pone todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas residentes, inspeccionando cada vez más y tomando medidas drásticas si es necesario, como el cierre de un centro.