La Seguridad Social deniega en masa las incapacidades permanentes

Expertos denuncian que el 90 % de las solicitudes son rechazadas “por sistema” para reducir costes

La Seguridad Social estaría convirtiendo la denegación de la incapacidad permanente en una rutina más que en una evaluación objetiva. Según denuncia el despacho de abogados Fidelitis, especializado en derecho laboral y sanitario, nueve de cada diez solicitudes para acceder a una pensión de incapacidad permanente son rechazadas, sin importar la gravedad de la dolencia del solicitante. Una cifra que pone en tela de juicio la imparcialidad del sistema y deja en evidencia una práctica cada vez más extendida: denegar primero, revisar sólo si se recurre.

Desde el despacho alertan de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) “aplica un filtro masivo que mete en el mismo saco a quien sufre una patología incapacitante y a quien presenta una dolencia leve”. En palabras de uno de sus abogados, “no es justo ni razonable, pero les permite quitarse del medio miles de pensiones sin tener que valorar caso por caso”. El resultado es una estrategia de ahorro presupuestario a costa del sufrimiento de los trabajadores más vulnerables.

Negar por sistema: una política de recorte encubierta

Esta política de rechazo sistemático obedece, según los expertos, a un cálculo puramente económico: más del 70 % de los ciudadanos no recurre la denegación, ya sea por desconocimiento, falta de recursos económicos o miedo a enfrentarse a un proceso judicial largo y complejo. De este modo, la Seguridad Social reduce drásticamente su gasto en prestaciones, aprovechando que muchos afectados ni siquiera llegarán a iniciar el proceso de reclamación.

Desde Fidelitis recomiendan presentar siempre un recurso cuando se reciba una resolución desfavorable, ya que “es ahí cuando el expediente empieza a revisarse con detalle”. Aunque el camino judicial es largo —desde la vía administrativa hasta el Tribunal Supremo, si es necesario—, existen despachos que permiten iniciar el procedimiento sin adelantar honorarios, lo que podría abrir la puerta a muchas personas que hoy sienten que no tienen opciones.

El derecho a reclamar no puede depender del bolsillo

“Los españoles somos muy de quejarnos, pero poco de reclamar”, apuntan desde el propio despacho, subrayando una realidad incómoda: la mayoría de los perjudicados se quedan sin la prestación simplemente porque no tienen cómo pagar un abogado. Mientras tanto, las instituciones se benefician de esa barrera de entrada, aliviando sus cuentas públicas sin resolver el problema de fondo.

En un país donde los discursos políticos prometen protección a los más vulnerables, la realidad administrativa se ha vuelto cada vez más fría, distante y calculadora. Si los datos no mienten, es hora de abrir el debate: ¿de verdad se están evaluando las incapacidades laborales con criterios médicos y sociales, o simplemente con una calculadora en la mano?