Multa histórica a empresas de catering que operan en colegios vascos

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha sancionado con 18 millones de euros a ocho empresas que han prestado en la última década el servicio de comedores escolares públicos del País Vasco. Según la AVC (que es un organismo autónomo, de carácter administrativo que desarrolla su actividad con independencia orgánica), las empresas se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de los comedores escolares de la red pública (dependientes del Gobierno vasco) fijando los precios de los servicios que prestan. Esta concertación ha provocado un grave quebranto a las arcas públicas y las personas usuarias del servicio.

“La conducta de las ocho empresas que se adjudicaron los diferentes lotes en los años investigados constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia que prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por efecto restringir la competencia en el mercado”, expone la AVC en su resolución.

– Auzo Lagun S.Coop: 6,1 millones de euros

– Cocina Central Goñi S.L: 522.879 euros

-Cocina Central Magui S.L.: 775.827 euros

-Eurest Colectividades S.L.: 6,6 millones de euros

-Eurest Euskadi S.L: 135.497 euros

-Tamar Las Arenas S.A: 1,1 millones de euros

-Gastronomía Cantábrica S.L:1,6 millones de euros

-Gastronomía Vasca S.A: 1,5 millones de euros

El Departamento de Educación del Gobierno vasco convocó licitaciones anuales para la prestación del servicio de comedores desde el año 2003 hasta el año 2014. Estas licitaciones se realizan por medio de un procedimiento con dos fases. En la primera las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio y en la segunda deben competir por obtener el contrato de cada uno de los lotes. Las 8 empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de la contratación y por tanto las únicas que podían competir por los lotes.

La AVC ha considerado demostrado que durante al menos diez años las ocho empresas sancionadas renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes. De esta forma durante todos los años investigados las empresas sancionadas llevaron a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación.

“Esta práctica tiene una incidencia muy alta en sociedad vasca dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son parcialmente financiados por el Gobierno vasco de manera directa [en un 35% del presupuesto] e indirecta [vía ayudas a estudiantes]. La falta de competencia durante todo este tiempo ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia.

El hecho de que la conducta sancionada haya producido una alteración tan “sofisticada de la contratación pública ha supuesto un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas y un grave perjuicio al interés general”, denuncia la AVC. La limitada apertura a la competencia que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, ha generado un ahorro de siete millones de euros sin merma alguna para la calidad del servicio. En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones de euros del presupuesto público solo para sufragar este servicio. Vía El Diario Norte