20 grandes localidades de Euskadi piden intervención en el mercado de alquileres vasco

El panorama habitacional en el País Vasco ha alcanzado un punto crítico. La comunidad se enfrenta a una escalada de precios que ha llevado a veinte ayuntamientos, incluyendo las tres capitales de provincia, a solicitar medidas drásticas: la limitación de los precios de alquiler. Este movimiento, auspiciado por la asociación Stop Desahucios, busca presionar al Gobierno Vasco para que declare zonas tensionadas y actúe contra la especulación inmobiliaria que asfixia a los ciudadanos.

Escenario de la Vivienda en el País Vasco

La situación habitacional en el País Vasco no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una crisis más amplia. Los precios del alquiler han visto un incremento que supera la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos. En Donostia, el incremento ha sido de un 8.1%, en Gasteiz un 5.6%, y en Bilbao hasta un 4.7% en el último año. Esta subida no solo dificulta el acceso a la vivienda, sino que también impulsa un aumento en el número de desahucios y en las demandas por impago de hipotecas.

Movilización Municipal y Política

La respuesta a esta crisis no se ha hecho esperar. Trece ayuntamientos de Gipuzkoa y cuatro de Bizkaia han elevado sus voces para solicitar acción gubernamental. La propuesta de Stop Desahucios ha sido respaldada por diversas fuerzas políticas, destacando el apoyo del PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que el PNV ha mostrado una postura más ambivalente, con abstenciones en algunos casos y apoyo en otros, dependiendo de la localidad.

Una Crisis Más Profunda: El Euríbor

La crisis del alquiler en el País Vasco es más aguda debido al incremento del euríbor, que actualmente se sitúa en un 4.25%. Este aumento, el más alto registrado en años recientes, añade presión sobre los ciudadanos que ya luchan con los elevados costos de vivienda, llevando a muchos al borde de la capacidad de mantener sus hogares.

Demandas Ciudadanas y Respuestas Políticas

La presión ciudadana es clara y las demandas son específicas. Se exige la aplicación efectiva de la ley de vivienda, que contempla la limitación de los alquileres y la prórroga de tres años de los contratos de arrendamiento. También se solicita medidas para incrementar la oferta habitacional, como sacar al mercado las viviendas deshabitadas, limitar los alojamientos turísticos y la oferta hotelera, y aumentar el parque público de viviendas.

El Futuro de la Política Habitacional

La administración pública vasca se encuentra ante un reto formidable. El número de inscritos en Etxebide, el servicio vasco de vivienda, asciende a 78,500. La necesidad de acción es urgente y la comunidad demanda respuestas. La «pelota está en el tejado del Gobierno Vasco y de la Consejería de Vivienda», como bien señalan desde Stop Desahucios.

Conclusión: Un Llamado a la Acción

En conclusión, la crisis de vivienda en el País Vasco requiere de medidas inmediatas y efectivas. La solicitud de estos municipios por limitar los precios de alquiler es un claro llamado a la acción. Es imperativo que se tomen pasos concretos para mitigar la especulación, proporcionar seguridad a los inquilinos y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible. El momento de actuar es ahora, con la esperanza de que las estrategias a implementar sean un modelo para otras regiones enfrentando retos similares. La solidaridad y la justicia habitacional deben ser la piedra angular de las políticas públicas en el País Vasco y más allá.