13 de diciembre de 2024 | 9:27

Bizkaia

Así se regula la okupación en Europa

Mairenis Gómez

10 de octubre de 2024 | 7:41 am

Diferencias en la legislación sobre la okupación en Europa

En el debate sobre la okupación en Europa, se destacan diferencias significativas en la forma en que cada país trata este fenómeno. A diferencia de España, donde el proceso legal para desalojar a los ocupantes ilegales puede ser prolongado y burocrático, otros países europeos aplican legislaciones más estrictas y resolutivas. En Alemania, por ejemplo, el desalojo puede ejecutarse en 24 horas una vez que el propietario presenta la denuncia. Los okupas en este país pueden enfrentar sanciones que van desde multas hasta un año de prisión.

En Italia, la okupación ilegal es castigada con penas más severas, que incluyen hasta cuatro años de prisión. Aunque la normativa contempla algunas excepciones en casos de «estado de necesidad», la legislación italiana permite una respuesta rápida y contundente frente a este delito.

Por su parte, Francia también adopta una postura firme contra la ocupación ilegal, imponiendo multas de hasta 15.000 euros y sentencias de hasta un año de cárcel. Además, los procedimientos de desalojo son rápidos, generalmente realizándose en un plazo de 48 horas tras la intervención judicial.

En Portugal, la legislación es más parecida a la española, donde los propietarios deben esperar hasta obtener una sentencia judicial para recuperar su propiedad. Sin embargo, el país luso diferencia entre edificios abandonados y viviendas habitadas, priorizando el desalojo en estos últimos casos.

Por último, en el Reino Unido, la ley permite a la policía intervenir en cuanto se sospecha que un inmueble está siendo ocupado ilegalmente. Las penas para los okupas en este país incluyen hasta seis meses de cárcel o multas de hasta 5.000 libras.

Mientras tanto, en España, la legislación vigente ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de sectores que consideran que se favorece la okupación y se dificulta la restitución de propiedades a los legítimos dueños, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de Europa.

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