Ayuntamientos comienzan a cerrar pisos turísticos ilegales

Un mercado inmobiliario tensionado y la presión turística

En Santiago de Compostela, unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) se verán obligadas a cerrar o volver al mercado residencial tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. La ordenanza municipal, que establece una clara separación entre alquiler vacacional y vivienda habitual, deja sin posibilidad de regularización a los negocios que funcionaban sin la habilitación municipal necesaria. Según el gobierno local, estos propietarios debieron tramitar la regularización en su momento. “Nos eliminan del mapa”, lamenta la presidenta de la asociación del sector, anticipando una larga lucha jurídica. El concelleiro de Urbanismo defiende la medida, argumentando que operar al margen de la ley es “gravísimo”. La controversia está servida.

La capital gallega, con menos de cien mil habitantes censados, enfrenta una situación compleja. La población flotante, que incluye a estudiantes universitarios, ronda los 30.000. En cinco años, el precio medio de los alquileres ha subido un 33%, pasando de 424 a 564 euros mensuales, mientras que la disponibilidad de viviendas ha disminuido drásticamente. Actualmente, apenas hay más de cien viviendas en el mercado libre, y se estima que tras el 30 de junio, cuando finalicen los contratos de alquiler para universitarios, la oferta para el próximo curso será de unas 300 viviendas, según la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN). Esto obliga a muchos estudiantes a buscar alojamiento en los municipios vecinos. El ayuntamiento ha solicitado a la Xunta la declaración de zona tensionada.

A esta situación se suma la presión turística derivada de ser la meta del Camino de Santiago. En 2023, casi un millón de personas pernoctaron al menos una noche en la ciudad. Se entregaron más de 446.000 compostelas, los certificados que acreditan haber peregrinado al menos 100 kilómetros. Este año, por primera vez, se alcanzaron las 100.000 compostelas en el primer semestre.

Normativa urbanística y las VUTs ilegales

En febrero del año pasado, el gobierno municipal del PSOE modificó el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) para regular las características de las viviendas de alquiler turístico. Prohibidas ya en el Casco Histórico, sólo se permiten en los primeros pisos o bajos con uso residencial. A tres meses de las elecciones municipales, la ordenanza que debía concretar estos usos quedó a la espera del próximo gobierno. Ahora, el bipartito formado por BNG y Compostela Aberta ha tomado una decisión que afecta a todos los alojamientos turísticos sin título habilitante municipal.

El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, aclara que la ordenanza sólo regula la forma en la que se debe comunicar al ayuntamiento el uso de viviendas para hospedaje y los “famosos 60 días”. Esto permite a una persona que vive en un piso durante medio año alquilarlo a turistas durante dos meses. Esta fórmula, pensada para la economía colaborativa, permite alquilar durante el curso a estudiantes y luego obtener un rendimiento extra en verano. Sin embargo, los propietarios de VUTs esperaban que esta ordenanza regularizara sus negocios sin título habilitante, lo que no ha sucedido.

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, se siente engañada. Asegura que en la modificación del PXOM se generó una expectativa de regularización que no se cumplió. Por su parte, Lestegás insiste en que estos alojamientos funcionaban sin la comunicación previa correspondiente y sin título habilitante. Aunque se hayan inscrito en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta, la habilitación autonómica no exime de la municipal.

Impacto en el mercado residencial

Desde la decisión del ayuntamiento, los medios conservadores han destacado las dificultades que enfrentarán los propietarios afectados. Algunos testimonios hablan de vender las viviendas o no poder pagar la hipoteca si no se alquilan a turistas. Aguín entiende estas preocupaciones y señala que la inversión en calidades para alquiler turístico es mucho mayor que para alquiler de larga duración. Sin embargo, Lestegás cree que estos pisos volverán al mercado residencial, lo mismo opina Vicente Martínez, de AGALIN. Martínez asegura que, aunque la rentabilidad del alquiler turístico es mayor, el mercado de larga duración ofrece garantías suficientes para los propietarios.

En la decisión de cerrar las VUTs ilegales en Santiago de Compostela refleja una clara voluntad política de promover y favorecer el acceso a la vivienda, aunque ha generado un conflicto entre las autoridades y los propietarios de estos alojamientos turísticos. La medida busca equilibrar el mercado inmobiliario y atender la demanda de vivienda residencial, aunque la controversia y los desafíos legales persisten.