El gobierno vasco reforzará la vigilancia de la cadena alimentaria para evitar abusos

La transparencia y el control en los contratos son esenciales para evitar prácticas abusivas y garantizar la justicia entre productores, distribuidores y consumidores.

El gobierno vasco ha decidido tomar medidas más estrictas para asegurar la transparencia y el control de los precios en la cadena alimentaria. Para ello, ha aprobado un decreto que busca desarrollar la Ley estatal de la Cadena Alimentaria de 2021 y que establece sanciones que oscilan entre 250 y un millón de euros para quienes incumplan la normativa. Esto convierte a Euskadi en la primera comunidad autónoma que implementa una regulación tan rigurosa, posicionando la región como pionera en la defensa de los derechos de los productores y consumidores.

La transparencia contractual busca restablecer el equilibrio en la cadena alimentaria

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, explicó que el decreto persigue reequilibrar las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, ya que los productores suelen ser los más afectados por las prácticas abusivas. El decreto exigirá que todos los contratos firmados en la cadena, desde la producción hasta la venta final, se depositen en un registro público. Esto permitirá verificar si se respetan los precios mínimos que cubren los costos de producción, garantizando que ningún eslabón se aproveche de otro.

Este control es fundamental para prevenir la compra de productos por debajo del costo de producción y evitar que un eslabón obtenga márgenes excesivos sin justificación. Los agricultores y ganaderos han exigido medidas como esta, mediante movilizaciones, para poner fin a prácticas abusivas que afectan su sustentabilidad económica.

Inspecciones y sanciones para mantener el equilibrio

Se realizará un plan anual de inspecciones y muestreos aleatorios, además de investigar cualquier denuncia de irregularidad en la cadena. Las sanciones, establecidas en la ley estatal, varían desde 250 euros para infracciones leves hasta un millón de euros para las más graves. El decreto también fortalecerá el Observatorio de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles para impulsar la sostenibilidad y transparencia en la contratación, ofreciendo datos actualizados de costos de producción.

La información recopilada por el observatorio abarca una gran variedad de productos, como cereales, patatas, sidra, uvas, lácteos y pescado. Estos costos se actualizan al menos tres veces al año, reflejando así las variaciones debidas a factores como la guerra en Ucrania o las consecuencias económicas de la pandemia. Tapia subrayó que esta transparencia permitirá que los consumidores comprendan la naturaleza fluctuante de los costos y valoren más los productos.

La importancia de una autoridad dedicada a la vigilancia

El decreto también establece la creación de una Autoridad de Ejecución para llevar a cabo las inspecciones y sanciones. Esta autoridad tendrá un papel crucial en la vigilancia de las relaciones comerciales, asegurando que se respeten las regulaciones desde el inicio de la producción hasta la venta final al consumidor.

Con estas acciones, el gobierno vasco busca establecer un entorno más justo para todos los actores de la cadena alimentaria, protegiendo los intereses de los productores que han sufrido prácticas desleales durante mucho tiempo. Además, se asegura de que los consumidores reciban productos de calidad a precios justos, lo que refleja un compromiso con la transparencia y el bien común.