El plan de energías renovables queda pendiente tras el Gobierno de Urkullu

Retrasos y polémicas marcan la transición energética en Euskadi

El Gobierno vasco se enfrenta a una situación compleja con la tramitación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, aprobado inicialmente en mayo de 2023 pero aún sin ratificación definitiva debido a un proceso prolongado de análisis de más de 4.000 alegaciones presentadas. Este plan, crucial para la organización del despliegue de infraestructuras de energía renovable en el País Vasco, encuentra obstáculos significativos que reflejan la tensión entre el desarrollo sostenible y la preservación del entorno natural y el paisaje local.

A pesar de la aprobación inicial por parte del gobierno de Iñigo Urkullu, el PTS ha experimentado numerosos retrasos, evidenciando una dificultad persistente en equilibrar las necesidades de desarrollo energético con las preocupaciones ambientales y sociales. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha defendido en repetidas ocasiones la gestión del gobierno, destacando que la ausencia de un PTS definitivo no implica una falta de regulación en la aprobación de ubicaciones para nuevas instalaciones. Tapia subraya la vigencia de múltiples instrumentos de garantía medioambiental y urbanística que aseguran un marco regulatorio robusto incluso sin un PTS específico.

La polémica no se limita solo a las cuestiones burocráticas; también refleja un debate más amplio sobre la adecuación de las energías renovables en el paisaje vasco y su impacto en comunidades locales. Las alegaciones presentadas por diferentes sectores, desde grupos ecologistas hasta ayuntamientos, indican una resistencia significativa que no solo se centra en aspectos técnicos o ambientales, sino también en la adecuación cultural y social de estos proyectos.

El ejemplo de Alonsotegi y Arrankudiaga, donde se han presentado alegaciones incluso desde administraciones lideradas por EH Bildu, junto con otras de municipios gobernados por el PNV como Bilbao y Barakaldo, ilustra la complejidad del paisaje político y social en relación con el desarrollo de energías renovables. Estas alegaciones, realizadas en un contexto de elecciones municipales y cambios en las administraciones locales, añaden una capa adicional de desafío al proceso de aprobación del PTS.

Además, la ausencia de nuevos parques eólicos desde 2006 y la planificación de activar dos nuevos parques en 2025 destacan la urgencia y al mismo tiempo la lentitud del progreso en la transición energética en la región. Esta situación pone de relieve no solo las dificultades técnicas y regulatorias, sino también la importancia de una planificación que concilie los intereses de desarrollo sostenible con la preservación del patrimonio natural y cultural de Euskadi.

La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático por el Parlamento Vasco, que contempla la creación de un canon para la instalación de parques eólicos y solares según su tamaño y capacidad, junto con una estrategia de desinversión en combustibles fósiles, señala un compromiso continuo con las políticas de sostenibilidad. Sin embargo, el reto persiste en armonizar estas políticas con las realidades locales y las expectativas de las comunidades afectadas.

El panorama energético en Euskadi está marcado por una transición que, aunque esencial, se encuentra en una encrucijada de intereses contrapuestos y desafíos complejos. La capacidad del nuevo gobierno de Imanol Pradales para navegar estas aguas turbulentas será crucial para determinar el futuro energético y ambiental de la región. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades locales serán fundamentales para lograr un equilibrio que responda tanto a las necesidades energéticas como a la protección del entorno.