El PNV probará en Barakaldo cámaras de reconocimiento facial en las calles

Reconocimiento facial: ¿herramienta útil o intrusión a la privacidad?

Amaia del Campo, candidata a la alcaldía por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha hecho una propuesta controvertida: la instalación de una red de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en los barrios de Barakaldo. Aunque esta medida se presenta como una solución contra delitos y actos vandálicos, su implementación presenta numerosas preguntas éticas y legales.

El reconocimiento facial es una tecnología de alto riesgo. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, recién aprobado, lo clasifica así y prohíbe su uso en espacios públicos para identificación biométrica remota en tiempo real. El objetivo de esta prohibición es evitar que las cámaras de seguridad recopilen datos faciales sin el consentimiento de las personas.

Esta tecnología se ha utilizado en países autoritarios como China e Irán para controlar movimientos sociales y protestas. El Parlamento Europeo ha alertado sobre el potencial de sesgo y discriminación de estas máquinas, que pueden perjudicar a individuos no blancos, poniendo en riesgo los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales.

La Propuesta del PNV

Del Campo propone crear una red de cámaras de vigilancia municipales en todos los barrios de Barakaldo, conectadas a un centro de control y coordinación de seguridad. Argumenta que estas cámaras son efectivas para prevenir incidentes y atrapar a los responsables de los mismos.

Además de esta red de vigilancia, el PNV también propone ampliar la plantilla de la Policía Local, crear una nueva comisaría y establecer una línea de ayuda para la adquisición de videocámaras por parte del comercio y la hostelería.

Un debate necesario

A pesar de que la seguridad es una preocupación legítima para los ciudadanos de Barakaldo, es crucial un debate público sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. La implementación de un sistema de reconocimiento facial podría tener consecuencias inesperadas y no deseadas para la población.

Es importante recordar que la seguridad no debe ser a costa de los derechos fundamentales. Cualquier implementación de esta tecnología debe hacerse con cuidado y con una supervisión rigurosa para evitar abusos y discriminación. En este sentido, la propuesta de Del Campo debería ser revisada cuidadosamente y, si es necesario, adaptada a las normativas europeas para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

El uso de tecnología para mejorar la seguridad es un tema delicado y requiere una discusión abierta y transparente con todos los actores involucrados. En este debate, los ciudadanos deben tener voz y voto, ya que son los más afectados por estas medidas.