Bizkaia
Gobierno vasco asume la competencia de acogida de refugiados

1 de marzo de 2024 | 8:30 am
En un hito significativo para la autonomía y la gestión social de Euskadi, el Gobierno Vasco ha asumido oficialmente la competencia para la acogida de refugiados, marcando un avance en la delegación de responsabilidades entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Este traspaso, fruto de las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, evidencia la capacidad de colaboración y entendimiento entre diferentes niveles de gobierno, enfocándose en mejorar la integración y el bienestar de las personas que buscan asilo dentro de nuestras fronteras.
La importancia de una gestión autonómica en la acogida de refugiados en el Gobierno

Desde hace tiempo, la comunidad autónoma de Euskadi ha demostrado un fuerte compromiso con la asistencia social, gestionando de manera efectiva las necesidades de su población en ámbitos tan cruciales como el empleo y la vivienda. La asunción de esta nueva competencia no solo es un reconocimiento a la capacidad de Euskadi para gestionar sus asuntos sociales con eficacia, sino que también refleja una voluntad política de acercar los servicios y la asistencia a quienes más lo necesitan, en este caso, a las personas refugiadas que llegan a nuestro territorio huyendo de conflictos y persecuciones.
La consejería de Políticas Sociales de Nerea Melgosa, que ya venía ejerciendo tareas relacionadas con la acogida de refugiados bajo las competencias sociales de Euskadi, será la encargada de llevar a cabo esta importante labor. La gestión integral del proceso de acogida incluirá desde la asistencia en la búsqueda de empleo y vivienda hasta el apoyo en la inserción social y cultural de los refugiados. Este enfoque integral busca garantizar no solo la supervivencia de estas personas en un nuevo entorno, sino también su desarrollo pleno y autónomo, facilitando su integración en la sociedad vasca.
El acuerdo alcanzado con el Estado, que implica un ajuste de 2,4 millones en el Cupo que Euskadi paga a Madrid, se centra en la segunda fase de acogida, es decir, aquella etapa destinada a conseguir la autonomía personal de los refugiados. Cabe destacar que, aunque la gestión de los procedimientos de asilo seguirá siendo competencia del Estado, este traspaso de funciones es un claro ejemplo de cómo la cooperación y la delegación de responsabilidades pueden contribuir a una gestión más eficiente y cercana de las políticas sociales.
El impacto político y social del acuerdo
Este traspaso no solo tiene implicaciones prácticas en la gestión de la acogida de refugiados, sino que también posee un profundo significado político en el Gobierno. Representa el cumplimiento de uno de los acuerdos de investidura entre el PNV y el presidente Sánchez, demostrando la capacidad de ambos para avanzar en compromisos concretos que benefician a la ciudadanía. Además, llega en un momento político clave, con las elecciones vascas en el horizonte y en un contexto donde la gestión de la migración y la acogida de refugiados se ha convertido en un tema de debate y preocupación a nivel nacional e internacional.
La transferencia de esta competencia a Gobierno vasco puede verse como un modelo de cómo las comunidades autónomas pueden desempeñar un papel más activo y directo en la gestión de cuestiones sociales complejas en refugiados, aprovechando su conocimiento del terreno y su cercanía a las necesidades de la población. Es, sin duda, un paso hacia una mayor autonomía en la gestión de nuestros asuntos sociales y un ejemplo de la solidaridad y el compromiso de Euskadi con los derechos humanos y la integración social.
Este acuerdo entre los gobiernos vasco y español abre nuevas vías para la colaboración y el reparto de responsabilidades en el ámbito de la asistencia social y la acogida de personas en situación de vulnerabilidad. Al asumir esta competencia, Euskadi refuerza su posición como comunidad autónoma comprometida con la inclusión, la solidaridad y la mejora continua de las políticas sociales, marcando un precedente importante en la gestión autonómica de cuestiones de trascendencia nacional e internacional.
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