Bizkaia

La coalición PNV-PSOE se lanza a por la competencia de Seguridad Social en Madrid

“Que 20 años no es nada”, cantaba Carlos Gardel en su mítico tango. Sin duda podría ser la mejor banda sonora para el acuerdo político sellado entre PNV y PP en Madrid. Dos décadas después, la historia se repite: la debilidad de unos (Rajoy) es la fortaleza de otros (Ortuzar). El idilio forzoso no ha terminado, y, lo que es mejor para los intereses peneuvistas, la victoria de Pedro Sánchez en el PSOE augura un posible eje de entendimiento para lo que resta de legislatura –PP, C´s, canarios, sin descarta al PdCat- con un Mariano Rajoy y un PP asediado por la corrupción congénita en una formación que los jueces catalogan como una “organización criminal” en sus resoluciones sobre las numerosas tramas corruptas pendientes de sentencia firme.

El PNV, una vez más, ha aprovechado la debilidad de un Gobierno en minoría en España. Lo hizo hace 20 años con el acuerdo de investidura firmado por Xabier Arzalluz en Génova junto a José María Aznar, con foto histórica en la sede de los populares. Una instantánea que Andoni Ortuzar, que mide con precisión de relojero suizo sus apariciones públicas y sus compañías, no ha querido repetir en esta ocasión. Sostiene el líder peneuvista que no por miedo escénico, pero la realidad es que no ha quedado foto para la historia del acuerdo con un Rajoy que también estaba en la instantánea de hace dos décadas en Génova, junto al entonces hombre fuerte del PNV en Madrid, Iñaki Anasagasti.

El acuerdo también ha tenido una influencia directa en la política vasca. Sobre todo en la pugna abierta desde hace décadas por quién lidera el espectro nacionalista-abertzale en el País Vasco. EH Bildu no han ocultado su disposición a ir a Madrid de la mano con el PNV (y otras fuerzas como Elkarrekin Podemos) con una propuesta de “nuevo estatus político” en la que se reconozca la realidad nacional de Euskadi y su capacidad para definir libremente su futuro político en un referéndum o consulta. Pero considera, que la opción del PNV de sostener a un Mariano Rajoy en un momento tan delicado políticamente -dado el enfangamiento de su partido por los casos de corrupción -influye negativamente en otro escenario que para los independentistas vascos sigue siendo un espejo en el que mirarse: el ‘procés’ en Cataluña. Y va a aprovechar ese flanco abierto por el pacto PNV-PP para afear a los peneuvistas, ‘vendidos’ por un enorme plato de lentejas –los 3.200 millones de euros en inversiones ferroviarias hasta 2023 (TAV, cercanías y mercancías).

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Rajoy con sus dos principales colaboradores en la Ejecutiva popular, Cospedal y Maíllo.

Ortuzar sabe que va a ser muy complicado o tal vez directamente imposible trasladar el concepto de bilateralidad al futuro estatus político vasco. Ni el PSOE –pese a las veleidades del reconocimiento nacional-cultural, por parte de su líder, Pedro Sánchez- ni desde luego no el PP están dispuestos a pasar esa línea roja. Y menos con el desafío catalán en plena ebullición en los próximos meses.

El mensaje que se manda desde la Moncloa es muy evidente y esclarecedor para el futuro inmediato: es posible acordar lo que ha sido imposible pactar en diez años (liquidación del Cupo) o confirmar las inversiones del TAV, etc, con quienes no rompen la baraja, ni plantean desafíos independentistas fuera de la ley.

El PNV –y el lehendakari- seguirá recordando una y otra vez su voluntad de acuerdo, aquí y con España. Desempolvará el incumplimiento de una ley orgánica como el Estatuto de Gernika, atacará con el traspaso de las competencias pendientes (una treintena larga), aspecto troncal según el lehendakari Urkullu, pero que incomprensiblemente ha quedado fuera de la negociación en esta ocasión. Ha primado el dinero, las inversiones concretas. Tal vez porque el PNV ya arrancó a Zapatero en octubre de 2010 el compromiso del “desarrollo íntegro” del Estatuto de Gernika … para 2012. Algo que el mandatario socialista no pudo cumplir por el adelanto electoral un año después electoral un año después.

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Montor y Azpiazu, tras firmar el acuerdo sobre el Cupo vasco.EFE

Ante esa tesitura, las intenciones inmediatas del PNV pasarían por cerrar una especie de cronograma con los traspasos pendientes (34 materias divididas en cinco apartados genéricos, según especifica el acuerdo de gobierno PNV-PSE-EE), algo similar a lo que han hecho con las inversiones del Tren de Alta Velocidad en el pacto firmado recientemente con Rajoy. Con dos de ellas en el frontispicio de la negociación: el convenio para el traspaso de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social y la transferencia de Prisiones.

La primera daría aire, además, al PSE-EE, su socio en las principales instituciones vascas. Los socialistas ya amarraron en el acuerdo de Gobierno que sustenta al lehendakari Urkullu priorizar ambas transferencias. Y, lo más importante, aclararon que ese traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social –vía convenio y tal y como prevé el Estatuto en su disposición transitoria quinta y ha dejado zanjado el Tribunal Constitucional en varias resoluciones judiciales- se hará sin quebrar las políticas de equidad con el resto de España. Un traspaso que se produciría “sin romper” la denominada ‘caja única’ de la Seguridad Social, como recuerda la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, cada vez que tiene ocasión.

La otra ‘agenda vasca’, cambiar la política penitenciaria

De lo que el PNV no quiere hablar en público –ni tampoco Rajoy- es de los avances que en materia penitenciaria se han producido tras la pérdida de la mayoría absoluta por el PP. La tesis oficial del Gobierno español es que con los presos de ETA no hay novedades. Y la del PNV es que, tras casi seis años desde que la organización terrorista abandonara el terrorismo y una vez desarmada ETA, no hay excusas para negarse a abordar este delicado asunto. En este tema, el traspaso de la competencia de Prisiones no afectaría a la decisión sobre el acercamiento de los presos etarras, ya que la política penitenciaria la fija el Ejecutivo central.

Oficialmente, han quedado fuera del acuerdo la política de convivencia, la flexibilización de la política penitenciaria con los presos de ETA (primero con la excarcelación paulatina de los reclusos enfermos y después con un plan de acercamiento a prisiones del entorno de 250 kilómetros de la comunidad autónoma, plan que Urkullu ya remitió a Rajoy a principios de este año), al final ordenado y desaparición definitiva de la organización terrorista ahora desarmada o a los recursos a las leyes vascas -aspectos fundamentales en esta legislatura.

El problema es que ante esa otra ‘agenda vasca’ -la de la pacificación, la convivencia y el futuro de los presos de ETA- ni Mariano Rajoy, ni el PP vasco parecen estar dispuestos a moverse ni un milímetro de la política de firmeza demostrada cuando tenía mayoría absoluta en la anterior legislatura. Al menos públicamente, y en un espacio temporal inmediato. Cada información aparecida en los últimos meses sobre la disposición del Ejecutivo popular a sopesar un acercamiento de presos –en medios y cabeceras tan distantes como Vocento, la Cadena Ser o El Mundo, entre otros- ha sido contestada desde la ortodoxia: no hay movimientos en ese campo

¿Qué puede acelerar este escenario de deshielo en materia penitenciaria? Sin duda, la decisión que harán pública en torno al verano los presos de ETA vinculados al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) de aceptar las posibilidades que ofrece la legalidad penitenciaria para progresar en grado, obtener beneficios penitenciarios y acceder antes al cumplimiento de la pena fuera de las prisiones, puede ser un acicate para ir flexibilizando la política penitenciaria con los presos etarras.

El PP puede mirar a su pasado, como le recuerda el PNV, a las épocas en las que el presidente José María Aznar gobernaba España. En los meses siguientes a la llegada al Gobierno del PP, en 1996, incluso con atentados de ETA, hubo acercamientos de presos al País Vasco, tras un estudio personalizado realizado desde Instituciones Penitenciarias. Con la tregua parcial de los terroristas, esa medida afectó a 135 reclusos de ETA.

Ni los 340 reclusos etarras tienen el mismo perfil –un centenar de ellos con delitos de sangre deberán cumplir largas condenas-, ni todos están en España (264 siguen recluidos en cárceles españolas, mientras que 75 están en Francia). La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en manos de un viejo conocedor de este asunto como Ángel Yuste, guarda silencio. Pero no deja de preparar diferentes escenarios en relación a los presos de ETA. Para cuando toque.

Via: eldiarionorte.es

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