La nueva ley vasca de garantía de ingresos amplía protección a más de 600 mujeres afectadas por violencia machista

En un avance significativo para la protección social, más de 600 mujeres víctimas de violencia machista y explotación sexual han accedido a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en Euskadi gracias a la reforma de la Ley Vasca de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en diciembre de 2022 y efectiva desde hace más de un año, ha eliminado el requisito previo de empadronamiento por tres años en la comunidad autónoma para las víctimas, permitiendo una respuesta más ágil y directa a sus necesidades.

El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, responsable de la implementación de esta ley, ha liberado datos impactantes sobre los resultados del primer año tras su entrada en vigor. Según el reporte, 531 mujeres víctimas de violencia de género y otras 72 afectadas por violencia doméstica, trata de seres humanos y explotación sexual se han beneficiado de la RGI, que proporciona un soporte económico fundamental para empezar nuevos proyectos vitales libres de violencia.

Además de las víctimas de violencia, la ley ha tenido un alcance notable entre otros grupos vulnerables. Por ejemplo, ha apoyado a 224 jóvenes provenientes de sistemas de protección de menores y a 503 refugiadas. También se ha extendido ayuda a 229 personas bajo protección temporal, siete víctimas de terrorismo y cuatro individuos vinculados a la colectividad vasca en el exterior.

En total, hasta marzo de 2024, la ley ha registrado 57,941 expedientes activos de RGI, con 12,965 nuevas concesiones en el último año. Estos números no solo reflejan la inclusión de nuevos beneficiarios, sino también la salida de muchas personas del sistema debido a la mejora en las condiciones de empleo, que ha alcanzado niveles récord en la región.

La secretaria general del Departamento de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destacó que la nueva ley no solo ha cerrado brechas de protección previamente existentes sino que también ha facilitado que más personas vulnerables encuentren caminos hacia la independencia económica. Este es un paso adelante en el compromiso del gobierno vasco de apoyar a los ciudadanos en situaciones de riesgo y contribuir a su integración social y económica plena.

Entre los beneficiarios de la RGI, 15,457 son hogares con menores a cargo, incluyendo 8,331 unidades monoparentales, predominantemente femeninas. También hay 3,459 titulares con algún grado de discapacidad y 2,273 víctimas de diversas formas de violencia protegidas bajo el nuevo modelo.

La actualización de la ley ha sido crucial para 14,951 pensionistas que ahora reciben complementos a sus ingresos a través de la RGI, permitiéndoles una vida más digna y estable.

La Ley Vasca de Garantía de Ingresos y para la Inclusión está demostrando ser un instrumento efectivo en la lucha contra la exclusión social y la violencia, asegurando que más ciudadanos puedan beneficiarse de la seguridad económica y la protección social que necesitan para reconstruir sus vidas.