Movimiento de Pensionistas denuncia intento de privatización en atención primaria en favor de mutuas

Pensionistas de Barakaldo advierten sobre posibles conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y la AMAT

El Movimiento de Pensionistas ha denunciado en su comparecencia semanal en la Herriko Plaza de Barakaldo un posible intento de privatizar la atención primaria en beneficio de las mutuas. Aseguran que filtraciones recientes sugieren que las conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y la Asociación de Mutuas Empresariales (AMAT) estarían avanzadas.

Privatización de la asistencia sanitaria de trabajadores en activo

Según el Movimiento de Pensionistas, el objetivo de las conversaciones sería ceder el tratamiento de las enfermedades comunes de trabajadores en activo a las mutuas, lo que supondría privatizar gran parte de la atención primaria pública. Actualmente, la Seguridad Social (Osakidetza en Euskal Herria) se encarga de la gestión de bajas y altas por enfermedades comunes, como la gripe.

Consecuencias de la privatización para trabajadores y pacientes

Los pensionistas opinan que la privatización tendría efectos desfavorables para los trabajadores, ya que los médicos de las mutuas suelen priorizar la reincorporación al trabajo antes que la total recuperación del paciente. Además, temen que esta situación derive en dos itinerarios: uno para trabajadores en activo y otro para pacientes no productivos (pensionistas, jóvenes en formación, mujeres con trabajos no remunerados).

Posible inconstitucionalidad y falta de ética

El Movimiento de Pensionistas considera que esta división de la sociedad en cuanto al derecho a la salud podría ser inconstitucional y falto de ética, ya que rompe el principio de igualdad de la ciudadanía. Además, afirman que no hay garantías de que el dinero público invertido en las mutuas repercuta en una mejor atención a los trabajadores enfermos.

Críticas a la reforma de las pensiones

El Movimiento de Pensionistas también criticó la segunda fase de la reforma de las pensiones, que, según ellos, no solo disminuye el poder adquisitivo de las pensiones en un 25%, sino que también retrasa la edad de jubilación hasta los 69 años para obtener una pensión digna. Aseguran que la reforma no beneficia a las nuevas generaciones de trabajadores y hacen un llamamiento a seguir defendiendo las pensiones y su carácter público.