Nuevos inspectores vascos supervisarán precios de alimentos y podrán precintar instalaciones

Creación de un cuerpo de inspectores para luchar contra el fraude alimentario

En respuesta a las preocupaciones sobre la inflación en los precios de los productos básicos, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha avanzado en la creación de un cuerpo de inspectores encargados de supervisar la calidad y los precios de los productos alimenticios. Este cuerpo de inspectores forma parte de un decreto que tiene como objetivo desarrollar una ley de 2013 sobre la cadena alimentaria.

Los inspectores tendrán amplias facultades

Los inspectores tendrán la consideración de agentes de la autoridad y tendrán facultades para verificar almacenes, acceder a documentación, tomar muestras y solicitar explicaciones a las personas implicadas. Además, podrán acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte y precintar los espacios que sean necesarios. Sin embargo, deberán contar con autorización judicial o, en su defecto, con el consentimiento expreso del propietario.

Sanciones por conductas irregulares

La ley de 2013 ya establece una serie de conductas irregulares que pueden conllevar sanciones. Estas conductas están principalmente relacionadas con irregularidades en los precios de los productos. Las multas oscilan entre los 250 y los 3.000 euros para casos leves, entre los 3.000 y los 100.000 euros para los graves y entre los 100.000 y los 1.000.000 euros para los muy graves. Todas las multas se harán públicas, y se conocerán los nombres de las empresas infractoras.

Creación de un observatorio de la cadena de valor de la alimentación

El decreto también consolida la composición y las funciones del observatorio de la cadena de valor de la alimentación en Euskadi, ya operativo desde hace unos meses. Este observatorio, denominado Behatokia, tiene como función el seguimiento, asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena de valor de la alimentación y de los precios de los alimentos en Euskadi.

El observatorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y un secretario-asesor jurídico, y su consejo estará formado por altos cargos, representantes de sindicatos agrarios, asociaciones de consumidores, productores, industria agroalimentaria, sector pesquero y sector de la distribución. Anualmente, elaborará un informe recopilatorio de su trabajo.

Código ético voluntario para el sector

El decreto también incluye un código ético para el sector agroalimentario, aunque su adhesión es voluntaria. Las empresas que se adhieran podrán formar parte de un registro de buenas prácticas y publicitar un sello haciendo gala de ello. Se comprometerán a llevar a cabo prácticas justas, equilibradas y leales en el mercado. El objetivo es mejorar la transparencia en las relaciones comerciales y que los consumidores estén más y mejor informados.

La consideración estratégica del sector agroalimentario vasco y su vulnerabilidad estructural, especialmente en los primeros eslabones de la cadena, hacen necesaria la adopción de medidas que garanticen los equilibrios necesarios entre los agentes de la cadena. Además, en un contexto de continuo incremento de los costes de producción, el sector primario se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello, el Ejecutivo vasco considera importante el desarrollo de estas medidas, cuyo contenido ha sido compartido con las diputaciones, organizaciones profesionales y asociaciones del sector.