Urkullu pincha con la ley de Transparencia

Persistencia del Compromiso Inconcluso en Euskadi

La trama política de Euskadi ha sido sometida una vez más a la lupa de la crítica a nivel nacional, enfocándose en la falta de materialización de una ley de Transparencia durante tres legislaturas bajo la batuta de Iñigo Urkullu. Euskadi, en un trayecto no exento de controversia y señalamientos, se mantiene como una excepción notable en el panorama español, al no concretar la ansiada normativa.

Historial de Promesas y Desaciertos

La ausencia de la mencionada ley, a pesar de promesas y periodos legislativos que apuntaban a su desarrollo, ha sido una constante. Durante la primera legislatura de Urkullu, no se presentó una propuesta concreta pese a compromisos verbales. En 2015, un intento formal fue retirado ante la falta de apoyo y la oposición firme y unánime de otros partidos políticos.

En la legislatura comprendida entre 2016 y 2020, las expectativas fueron nuevamente avivadas, sin embargo, las promesas se disolvieron en el tiempo sin convertirse en acciones tangibles. Proposiciones y reuniones que no desembocaron en medidas concretas crearon un ambiente de desconfianza y escepticismo en el panorama político vasco.

La Inercia Legislativa Continúa

Ahora, frente a un nuevo compromiso, que señala finales de 2023 como horizonte para la presentación de la ley, persisten las dudas acerca de la viabilidad temporal del proceso legislativo completo. La experiencia indica que el plazo desde la presentación hasta la aprobación de una ley puede extenderse por dos años o más, dejando un margen estrecho y arriesgado para cumplir con la actual promesa.

El Borrador: ¿Un Avance o un Simulacro?

El borrador más reciente, fechado en julio, alega no partir de cero, señalando una serie de iniciativas anteriores en el ámbito de regulación legal y transparencia. Entre los elementos más destacados del texto se encuentra el registro de lobbies, en un intento de controlar y transparentar las influencias externas sobre la política y administración pública. Este mecanismo busca evitar operaciones “deshonestas” e “incitaciones” hacia figuras públicas para transgredir la normativa legal y ética vigente.

Reclamos de la Oposición y Movimientos Paralelos

Paralelamente, han surgido intentos y propuestas desde la oposición y figuras políticas tales como Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) y movimientos de EH Bildu, buscando canalizar la necesidad de una regulación en el ámbito de la denuncia de irregularidades y protección de los denunciantes. Sin embargo, han sido rechazadas o postergadas, mientras que el Gobierno de Urkullu optó por regular mediante decreto, en una vía de urgencia, una adaptación de normativas estatales y europeas para proteger a los whistleblowers.

Reflexión y Expectativas Futuras

Esta secuencia de eventos e intentos legislativos sin fruto ha instalado un manto de incredulidad y cuestionamiento sobre la autenticidad del compromiso político con la transparencia en Euskadi. Cada legislatura que pasa sin una ley concreta fortalece la imagen de una administración reacia a la transparencia y fomenta la percepción de una resistencia sistemática hacia la implementación de mecanismos que permitan un escrutinio público efectivo.

La aprobación de una ley de Transparencia robusta, inclusiva y efectiva en Euskadi no es sólo un deber pendiente sino un paso necesario e impostergable para fortalecer la democracia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Las miradas están puestas en los próximos movimientos del Gobierno de Urkullu, donde la espera por acciones concretas y definitivas se ha tornado imperante.