29 de septiembre de 2024 | 5:34

Bizkaia

Juzgado confirma las peores sospechas en el vertedero de Zaldibar

Miguel Castillo

11 de marzo de 2021 | 4:00 pm

La Inspección de Trabajo de Bizkaia presenta un informe que responsabiliza directamente a Verter Recycling

Las peores sospechas que circulaban sobre el vertedero de Zaldibar han sido confirmadas por el Juzgado de Durango. Tras un informe presentado por la Inspección de Trabajo de Bizkaia se concluye que la empresa propietaria conocía que el terreno no estaba del todo bien y había un riesgo de derrumbe.

La empresa, Verter Recycling, ya fue acusada por el Gobierno Vasco hace algunas semanas. En Lakua estaban convencidos de que esta empresa era responsable de los efectos provocados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en el que fallecieron dos trabajadores.

vertedero de Zaldibar
Juzgado confirma sospechas del vertedero

El informe sobre el vertedero de Zaldibar

Por ello, Verter debería presentar un proyecto para arreglar los daños medioambientales. Sin embargo, se prefirió seguir con las investigaciones para efectuar un informa más preciso de los hechos. Informe que al fin ha sido público.

El informe encuentra que existe una relación causal entre las muertes en el vertedero de Zaldibar y el incumplimiento de las obligaciones de la empresa en protección de seguridad y salud laboral. Y corrobora sus argumentos con fechas concretas.

Inspección de Trabajo propone una multa de 300.000 euros a Verter

Según el informe, Verter sabía, desde el 3 de febrero de la aparición de diversas grietas en el vertedero de Zaldibar, por lo que varios técnicos de la ingeniería Geyser HPC, encargada de la obra y de los servicios de asistencia técnica, estuvieron en Zaldibar los días 4 y 5 de febrero y recomendaron realizar un estudio para conocer el origen de las grietas.

Dicho estudio se llevó a cabo inmediatamente, pero al día siguiente, sin tiempo de presentar informes ni tomar medidas, sucedió lo que todos conocen. Ese 6 de febrero de 2020 sepultó a dos trabajadores, que fallecieron sin que se pudiera hacer nada por sus vidas. Se propone una sanción de 300.000 euros a los responsables.

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