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El chiringuito antiokupa de Castilla León no da un palo al agua

Laura Rangel Ybarra

6 de julio de 2023 | 3:00 pm

La oficina Antiokupa de Soria: Un servicio sin utilización en sus primeras semanas

La recién inaugurada Oficina Antiokupa de Soria, cuyo propósito es proteger el derecho a la propiedad privada, parece estar pasando por un periodo de silencio. A pesar de estar en funcionamiento desde el 19 de mayo, esta oficina no ha recibido ninguna llamada en su primer mes y medio de vida. María Pardo, Directora General de Vivienda de la Junta, y la delegada provincial Yolanda de Gregorio, fueron las encargadas de presentar este servicio que busca ofrecer información y asesoramiento a los afectados por ocupaciones ilegales.

Funciones y objetivos de la oficina

Esta entidad se erige con el objetivo de fomentar el respeto hacia la propiedad privada. Sin embargo, ambas representantes del Gobierno autonómico subrayaron la dificultad de esta misión, alegando que la legislación actual a menudo no protege a los más vulnerables. Además de brindar información para prevenir ocupaciones, la oficina ofrece asesoramiento gratuito a las personas afectadas, ayudándoles a denunciar el caso ante las fuerzas de seguridad.

Contexto en Castilla y León

En contraste con la inactividad en Soria, las oficinas de otras provincias han registrado un promedio de 20 llamadas cada una. Además, se han realizado cerca de 800 consultas a través de la página web de la Junta de Castilla y León. Según María Pardo, estas consultas suelen ser preguntas preventivas.

Dirigentes de la Oficina Antiokupa de Soria sonriendo en el día de la inauguración, listos para proteger la propiedad privada.
Los dirigentes de la Oficina Antiokupa de Soria sonríen en el día de la inauguración, mostrando su compromiso con la protección de la propiedad privada y el asesoramiento a los afectados por ocupaciones ilegales.

¿Una medida innecesaria o un paso proactivo?

Aunque la ocupación ilegal no representa un problema grave en Castilla y León en este momento, las autoridades parecen estar tomando medidas proactivas para evitar que la situación se agrave. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad privada y la garantía de vivienda digna para todos. En palabras de la Directora General de Vivienda, “No queremos llegar a la situación de Barcelona y vamos a hacer todo lo posible para alertar a aquellos que han convertido esto en una práctica profesional”.

Las acciones de la Junta de Castilla y León serán claves en el desarrollo de esta iniciativa, que ha despertado curiosidad y expectación entre los ciudadanos y propietarios de la región.

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