El Gobierno Sánchez obligará a los fabricantes a pagar reparaciones incluso fuera de garantía

La futura ley pretende combatir la obsolescencia programada y reforzar el derecho a reparar en línea con la normativa europea

El Gobierno central está ultimando una ley que obligará a los fabricantes de dispositivos electrónicos y electrodomésticos a cubrir los costes de reparación incluso después de que finalice la garantía legal del producto. La medida, impulsada por el Ministerio de Consumo y recogida en el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 del Ministerio para la Transición Ecológica, busca frenar la cultura del usar y tirar y promover una economía más sostenible y circular.

El proyecto se enmarca en el ‘derecho a reparar’ aprobado por la Unión Europea en 2024, que los Estados miembros deben implementar antes de julio de 2026. Con ello, España pretende reducir su dependencia de minerales críticos como el litio, el cobre o el níquel, indispensables para la fabricación de tecnología y cuya extracción masiva genera un fuerte impacto medioambiental.

Un fondo financiado por los fabricantes para cubrir las reparaciones

La nueva norma no solo prohíbe prácticas como la obsolescencia programada, sino que además impone a las empresas la responsabilidad de reparar los productos que comercializan. Para ello, el Gobierno creará un fondo económico sufragado por los fabricantes, destinado a financiar parcialmente el arreglo de dispositivos como móviles, portátiles, televisores, lavadoras, microondas o frigoríficos.

El objetivo es doble: reducir la presión sobre los recursos naturales y cambiar la mentalidad de los consumidores, incentivando la reparación frente a la compra compulsiva de aparatos nuevos. “Queremos que quienes se benefician de la venta de productos, también asuman su impacto medioambiental y social”, señalan fuentes ministeriales.

Claves del nuevo derecho a reparar

La legislación impondrá obligaciones concretas a los fabricantes, alineadas con el reglamento comunitario:

1. Reparación gratuita o a precio razonable, incluso fuera de garantía.
2. Disponibilidad de piezas originales y genéricas durante varios años, incluso tras el cese de fabricación del producto.
3. Acceso a herramientas de reparación especializadas para técnicos y consumidores.
4. Información clara sobre precios, manuales y soluciones de diagnóstico, de forma gratuita y accesible.
5. Libertad para acudir a talleres independientes, sin penalizaciones ni pérdida de cobertura.
6. Prohibición de negarse a reparar un producto, incluso si ha sido manipulado por terceros.

Impacto medioambiental y económico: menos residuos, más empleo

Esta ley tiene una doble vertiente beneficiosa: en primer lugar, reduce los residuos electrónicos, una de las fuentes más contaminantes del planeta; y en segundo lugar, fomenta el empleo local en el sector de las reparaciones, abriendo oportunidades para pequeños talleres y profesionales del mantenimiento técnico.

España avanza así hacia un modelo de consumo más responsable, donde la eficiencia y la durabilidad se premien por encima del recambio constante. Frente a la lógica de productos con “fecha de caducidad”, el nuevo marco normativo promueve una ética del cuidado, que apuesta por alargar la vida útil de los objetos y por un uso racional de los recursos.