21 de junio de 2024 | 8:12

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Justicia europea pide a España hacer indefinidos a empleados públicos con contratos temporales largos

Mairenis Gómez

13 de junio de 2024 | 5:00 pm

Esta decisión afecta a miles de trabajadores que han sufrido precariedad laboral durante décadas, y subraya la necesidad de una reforma profunda en el sistema de contratación del sector público español

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo crucial, instando a España a convertir en indefinidos a los empleados públicos que han encadenado contratos temporales durante años. Este veredicto afecta a miles de trabajadores que llevan décadas en esta situación, resaltando la necesidad de una reforma laboral profunda en el sector público español.

El TJUE subraya la necesidad de contratos indefinidos para empleados públicos con contratos temporales prolongados

El fallo reciente del TJUE responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su decisión, el tribunal europeo reafirma su postura de que los empleados públicos que han sufrido abusos en la contratación temporal deben tener una relación laboral indefinida, aunque no necesariamente como funcionarios de carrera. Este punto es esencial, ya que la justicia europea considera insuficientes las compensaciones económicas y los procesos selectivos para solucionar estos abusos.

Además, el tribunal de Luxemburgo enfatiza que corresponde a los juzgados españoles interpretar el Derecho nacional, pero recuerda que ni la convocatoria de procesos selectivos ni las compensaciones resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos en la contratación temporal. Esto implica que la única medida efectiva y disuasoria es la conversión de estos contratos en indefinidos.

El fallo del TJUE refuerza la necesidad de una reforma laboral en el sector público español

Este fallo no es aislado. La justicia comunitaria ya había reclamado a España en sentencias anteriores que transformara los contratos temporales en indefinidos cuando se detectaran abusos. La reiteración de estas sentencias subraya la gravedad del problema en el sector público español, donde muchos empleados llevan más de 30 años con contratos temporales.

Por su parte, Fabián Valero, abogado de Zeres Abogados, explica que el fallo reconoce la necesidad de considerar indefinidos a estos trabajadores, alineándose con la directiva comunitaria. Aunque no se les llame funcionarios, estas personas solo podrán ser cesadas por motivos disciplinarios, lo que representa una protección significativa frente a la precariedad laboral.

El TJUE critica las medidas compensatorias insuficientes y sugiere sanciones más efectivas

El TJUE también ha criticado las indemnizaciones económicas como medida para sancionar el abuso de la temporalidad, considerando que no son suficientemente efectivas ni disuasorias. Valero añade que este punto puede tener implicaciones más amplias, afectando incluso al sector privado, ya que la compensación económica actual solo repara el daño del cese, no el abuso prolongado de la contratación temporal.

El TJUE subraya la necesidad de contratos indefinidos para empleados públicos con contratos temporales prolongados

El gobierno español y su respuesta ante la sentencia del TJUE

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha indicado que el gobierno está pendiente de la resolución judicial para adaptar, si es necesario, el marco normativo. Escrivá destacó las medidas ya implementadas por el Ejecutivo para atajar estos abusos, incluyendo los procesos de estabilización que han hecho indefinidos a unos 350.000 empleados públicos temporales y la próxima eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público para 2025.

Este contexto subraya la complejidad y la urgencia de la situación. Las sentencias del TJUE insisten en la necesidad de soluciones estructurales y no meramente paliativas. La transformación de los contratos temporales en indefinidos es una medida necesaria para garantizar la estabilidad laboral y el cumplimiento de las normas europeas en España.

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